La norma española de desahucios, contraria a la ley europea
El PP se resiste a poner fin a los desahucios pese al varapalo europeo
El PP se resiste a frenar los desahucios pese a la condena europea a la ley hipotecaria española y se aferra al decreto de noviembre, que no incluye las demandas de los afectados. La sentencia de ayer deja la pelota en manos de los jueces, que podrán paralizar los lanzamientos para verificar si hubo cláusulas abusivas.
Alberto PRADILLA | MADRID
Varapalo europeo a la ley española que regula los desahucios. El Tribunal de Justicia comunitario consideró ayer que la normativa no protege a los consumidores, ya que ejecuta los desalojos sin permitir que el juez valore si la hipoteca incluyó cláusulas abusivas. Sin embargo, el PP se resiste a poner freno a los lanzamientos y se aferra al decreto aprobado en noviembre, todavía en trámite parlamentario pero que ya ha sido calificado de «insuficiente» por las plataformas de afectados. La sentencia, hecha pública ayer, ofrece una herramienta a los jueces, que podrán paralizar cautelarmente los desalojos para investigar si hubo abusos en la firma del contrato.
El dictamen del Tribunal de Luxemburgo es tajante. Señala a «todos los casos en que la ejecución de un inmueble se lleve a cabo antes de que el juez declare abusiva la cláusula contractual en la que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución». Llega tras la consulta efectuada por el titular del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, en el caso de la denuncia contra CatalunyaCaixa de Mohamed Aziz, un vecino de Martorell desahuciado por impago. Sin embargo, dicta jurisprudencia, por lo que deberá ser aplicada por todos los magistrados.
«Ya está en vigor, por lo que ahora se puede solicitar la suspensión inmediata hasta que el juez determine si existieron cláusulas abusivas», destacó Chema Ruiz, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en Madrid. Para garantizar que se cumpla, el colectivo está trabajando ya en un formulario tipo para que pueda ser utilizado por todos los afectados. De este modo, los desalojos podrán ser frenados hasta que el juez dictamine si hubo o no cláusulas abusivas.
Sobre este punto, Ruiz indicó además que existen elementos, como los intereses de demora o las indemnizaciones por impago (que la sentencia califica como «desproporcionadas»), que abren la vía a una paralización definitiva, aunque reconociendo que la última palabra la tendrá el magistrado. Desde la judicatura, ayer se elevaron las voces que mostraban su satisfacción por la medida, como Juan Luis Ibarra, presidente del TSJPV, o Gonzalo Moliner, presidente del CGPJ.
Cuestiones legales al margen, la sentencia tiene también una vertiente política. Por una parte, por las reacciones. Por la otra, porque el Congreso tramita actualmente el decreto impulsado por el Gobierno en noviembre y la ILP de la PAH. Lo que evidenciaron ambas cuestiones es la alianza del Ejecutivo español con la banca y sus reticencias a llevar la norma más allá de las propuestas realizadas por las propias entidades financieras, cuyos abusos son denunciados por el tribunal comunitario.
Tanto Rajoy como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguraron que «acatarán» la sentencia. Aunque dio la sensación de que lo hacían a regañadientes. La Asociación Hipotecaria Española fue más allá y, pese a reconocer que la actual normativa deberá de ser modificada, rechazó que sea «abusiva», llegando incluso a responsabilizar a notarios y registradores de la propiedad de las cláusulas impuestas en los contratos.
En relación al cambio de la norma, el PP se aferra al decreto de noviembre, que limitaba el freno a los desahucios a casos extremos y muy limitados. El texto se está tramitando al mismo tiempo que la ILP de mínimos de la sociedad civil y llegará un momento en el que ambos textos se refundan. El Gobierno ya ha dejado claro que no aceptará propuestas como la dación en pago, por lo que todo apunta a que tratará de aprovechar este momento para vaciar de contenido la iniciativa de la PAH. Alfonso Alonso, portavoz del PP en la Cámara Baja, dejó claro que la sentencia «no tiene nada que ver» con la dación en pago y rechazó la aprobación de un nuevo decreto urgente. En febrero, las prisas eran uno de los argumentos para rechazar la ILP. Ha pasado un mes y ahora Alonso espera «dejarlo resuelto» para la semana próxima.
En este punto, PP y banqueros se han quedado solos. Tanto el resto de formaciones como los movimientos sociales instaron a modificar la norma de forma urgente. Como señaló la PAH desde Euskal Herria, «está en manos de la mayoría del PP y de otros partidos como el PNV, que no se han pronunciado a favor de estas medidas, paliar el drama de miles de familias».
Horas antes de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, la Plataforma de personas Afectadas por la Hipoteca y la Asamblea Anticrisis de Barañain anunciaban el inicio de una campaña con el objetivo de declarar «libre de desahucios» esta localidad navarra, en la que se han detectado, al menos, quince procesos de lanzamiento.
Los promotores de la iniciativa, presentada el miércoles por la tarde, anunciaron que en las próximas semanas van a recoger adhesiones de asociaciones, colectivos y grupos políticos, así como firmas del mayor número de vecinos, con el fin de «ejercer la presión necesaria» para que el Ayuntamiento se posicione y para que las entidades financieras abandonen «de inmediato» estos procesos.
En la rueda de prensa anunciaron varias movilizaciones, la primera el próximo jueves a las 18:30 ante la sucursal de Caja Laboral, entidad a la que exigieron «una salida digna» para una familia cuya vivienda saldrá a subasta el 11 de abril. Un día más tarde se llevará a cabo una manifestación que recorrerá las sucursales bancarias. GARA
El juez José María Fernández Seijo, que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), señaló ayer que la sentencia que indica que la ley hipotecaria vulnera la normativa comunitaria abre la puerta a la posibilidad de que algunas personas que han sido desahuciadas consigan recuperar su casa. «La sentencia modifica totalmente las reglas del juego», señaló el magistrado en una entrevista concedida a Efe.
Fernández Seijo, titular del juzgado mercantil número 3 de Barcelona, señaló en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press que el mérito de este «hito» lo tiene el abogado de Mohamed Aziz (desahuciado de su piso de Mataró en 2011), por haber abierto un litigio que hasta ahora no se había planteado. El caso acabó en manos de Fernández Seijo, que preguntó al TUE si no resultaban desproporcionados el vencimiento anticipado y la aplicación de unos intereses de demora del 18%. La respuesta que ha recibido es que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa europea porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. Eso se debe, según el tribunal con sede en Luxemburgo, a que los jueces no pueden paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión. Fernández Seijo indicó que no puede estar «satisfecho» porque «lo ideal» habría sido que no hubiera tenido que plantear esa pregunta porque la legislación fuera correcta. Es una decisión que llega con «cuatro o cinco años de retraso», indicó.
Ahora serán los jueces los que determinen si se paraliza o no un desahucio. Aunque los propios magistrados ya apelan a los representantes políticos para modificar la normativa. Así lo manifestó el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) en la CAV, Edmundo Rodríguez Achútegui, quien cree que es «necesario que el legislador cambie las normas» que impiden a los que adquieren viviendas «defenderse frente a abusos». Esta es una idea que ayer compartieron también las formaciones representadas en el Congreso español, a excepción del PP, que sigue defendiendo el decreto de noviembre. Eso sí, con matices.
«La ley hipotecaria española está hecha en función de los intereses de las entidades financieras y va directamente en perjuicio de los intereses de la ciudadanía», defendió Rafa Larreina, portavoz de Amaiur. La coalición abertzale es, junto a otras formaciones como IU o ERC, partidaria de aprobar la ILP de la PAH, que incluye planteamientos de mínimos como la dación en pago retroactiva, la paralización inmediata de los desahucios y un parque de alquiler social. El PSOE instó a frenar los desalojos aunque ya ha dejado claro que incluirá enmiendas a la propuesta de la sociedad civil.
La PAH, por su parte, insistió en que al Gobierno español «no le queda otro remedio» que cambiar la norma e instó a frenar desde ya todos los desahucios. Su portavoz, Ada Colau, vetada por el PP en el proceso de tramitación del proyecto, recordó que «la ciudadanía ya ha tenido mucha paciencia». GARA
