En estos días el interés de los medios de comunicación nacionales e internacionales en Alemania se centra ante todo en la capital bávara de Múnich, donde el miércoles arrancará el proceso contra la única superviviente de la NSU y cuatro personas más, acusadas de haber sido sus colaboradores. La Fiscalía federal ha acusado al grupo neonazi de haber matado a ocho inmigrantes turcos y a un griego y de un atentado contra una patrulla de la Policía en el que murió una agente alemana. A ello se añaden otros delitos como, por ejemplo, atracos a bancos y ataques con explosivos.

Hasta noviembre de 2011, la opinión pública no sabía nada de la existencia de la NSU. En ese momento, según la versión oficial, dos de sus integrantes prendieron fuego a su caravana y se quitaron la vida cuando vieron cómo dos policías se acercaron al vehículo. Antes, Uwe Böhnhardt y Uwe Mundlos habían asaltado un banco. Con su botín regresaron a la caravana donde las fuerzas de seguridad encontrarían un amplio arsenal de armas. Entre ellas se hallaron las pistolas reglamentarias de los dos policías que fueron abatidos en 2007.

Aquel 4 de noviembre de 2011, Beate Zschäpe hizo volar por los aires la casa que habitaba junto con sus dos compañeros difuntos. En 1998 el trío pasó a la clandestinidad cuando la Policía quiso detenerlo por una serie de atentados con explosivos en el este alemán, pero alguien les avisó. Después de la explosión, Zschäpe volvió a desaparecer por cinco días. Nadie sabe dónde se escondió hasta que decidió entregarse a las autoridades en presencia de su abogado. Tampoco se sabe cómo se enteró de la muerte de sus dos Kameraden.

Por el momento la Policía niega la existencia de una tercera persona que un testigo dice haber visto cerca de la caravana de Mundlos y Böhnhardt.

En las ruinas que Zschäpe dejó en Zwickau los investigadores encontraron más armas y documentación que ayudó a esclarecer una serie de delitos. Algo «ayudó» la neonazi porque antes de entregarse envió a varios medios un DVD en el que la NSU se jactaba de la muerte de los nueve inmigrantes. Hasta ese momento la Policía sospechó exclusivamente de los familiares de las víctimas o del denominado «crimen organizado». De manera peyorativa los medios de comunicación hablaron de los «asesinatos Döner», mientras que todos los cuerpos policiales excluían tajantemente un móvil neofascista.

A raíz de lo ocurrido en noviembre se han creado tres comisiones parlamentarias en Berlín, Erfurt y Múnich para investigar la obvia incompetencia policial a la hora de esclarecer los hechos y de detener a la NSU.

La gran incógnita es cómo la Policía y todos los servicios secretos alemanes no fueron capaces de dar con el trío si tenían hasta 24 confidentes cerca de los buscados. Algunos de ellos les suministraban armas y explosivos; otros, la logística; y uno de ellos incluso les entregó parte del dinero que el servicio secreto interior le había dado por sus trabajo de infiltrado. A ello se suma, por un lado, la manifiesta descoordinación entre las diferentes instituciones policiales y, por otro, el hecho de que el servicio secreto interior no parase de destruir documentos cuando las comisiones parlamentarias ya estaban trabajando.

«La Protección de la Constitución -el nombre oficial del servicio secreto interior- sigue manteniendo el dominio sobre sus actas y a fin de cuentas es el que decide qué informes y documentos entrega a los investigadores y a las comisiones de investigación», puntualiza el periodista Andreas Förster. La suma de todos estos hechos ha multiplicado la desconfianza de las familias de las víctimas turcas en la labor de la Justicia alemana. Al final, el propio tribunal de Múnich la ha aumentado al no permitir que al menos un representante de la prensa turca pueda estar en la sala.

Interés mediático

El interés mediático es tan grande que el lugar ha quedado pequeño, pero el juez encargado se niega a trasladar el juicio a un edificio más apropiado. Ni siquiera quiere instalar un sistema de videoconferencia. Su argumento es que el Derecho Procesal no permite la grabación de un proceso. Por eso, los afectados, periodistas alemanes y turcos, han recurrido a la Corte Constitucional, que el viernes falló que los jueces de Múnich tienen que organizar el reparto de plazas de otra manera. Tres de ellas deben estar reservadas para los medios turcos. Los jueces sí recurren a la videoconferencia si el interés mediático supera las capacidades de la sala en cuestión. A raíz de esto se ha originado un amplio debate en Alemania. El Gobierno de Merkel ha querido mantenerse al margen para no dañar más la imagen del Estado y la independencia de la Justicia.

Para quitar importancia al tema, se ha informado de la existencia de una red que apoya a neonazis encarcelados y que, cómo no, se puso en contacto con Zschäpe.

La Fiscalía trata de demostrar que la acusada sabía de cada atentado que preparaban sus cómplices. Hasta ahora Zschäpe se ha mantenido en silencio respecto a su participación en la NSU. Tal vez ella o algún otro acusado tire de la manta y ofrezca más detalles incómodos para el Estado.