La propuesta lanzada por la Diputación foral para desbloquear el conflicto laboral en las residencias y centros de día de la tercera edad de Gipuzkoa, que incluye un presupuesto bianual de 8,2 millones de euros, recibió desde el primer momento el rechazo de Adegi, que envió a la institución un requerimiento de intimidación para que retirara su planteamiento.

Diputación defendió en todo momento su legitimidad para mediar como responsable de la red foral de residencias y se negó a retirar su planteamiento, por lo que la patronal decidió dar un paso más y presentó una demanda contra el ente foral. En ella, se exige una indemnización por daños y perjucios por un importe máximo de 187.515 euros.

Según recoge la demanda, «la Diputación ha conculcado en su actuación el ámbito de inmunidad de Adegi y Lares- la otra patronal del sector-, y con ello su derecho fundamental a la libertad de asociación».

La denuncia recoge que la Diputación guipuzcoana «no se limita a asumir un compromiso económico que permita la negociación de una mejora retributiva», sino que «incide en cuestiones laborales de gran calado e incidencia futura». Añade que dichas propuestas «exceden claramente sus facultades administrativas». Adegi considera, asimismo, que la mediación de Diputación tiene «connotaciones evidentemente políticas, que no pretenden sino mostrar su oposición a las recientes reformas laborales».

Precisamente, la defensa de la reforma laboral ha sido el principal argumento de Adegi para negarse a aplicar las mejoras propuestas por Diputación al asegurar que «no firmará ningún convenio colectivo que sea un contrarreforma laboral».

Una mediación consensuada

Tal y como ya informó la propia Diputación, todos los grupos representados en las Juntas Generales de Gipuzkoa firmaron por unanimidad una resolución para que la institución foral actuara como mediadora en el conflicto de las residencias.

En esta línea, cabe destacar que la demanda interpuesta por Adegi incluye entre los documentos aportados información que la Diputación y el Departamento de Bienestar Social facilitaron a las Juntas Generales. La información aportada por el diputado general, Martin Garitano, respondía a una petición realizada por la juntera del PNV Eider Mendoza. Información que llegó a manos de Adegi y que ahora consta en la demanda interputesta contra el ente foral.