Como es sabido, hay ya un cúmulo importante de indicadores económicos preocupantes sobre una situación de crisis en varios niveles: de mayor desigualdad, de mayor brecha entre los más ricos y los más pobres, de peores o nulas coberturas sociales y una tasa de paro preocupante: cinco millones. Son los jóvenes uno de los sectores más castigados por la mayor precarización, el paro y el recorte de oportunidades vitales. Su futuro es realmente incierto, al igual que el del resto de personas afectadas por la crisis: cientos de miles de desahuciados que algunos sociólogos denominan ya como el «precariado».

También están meridianamente claros los indicadores referidos a las clases privilegiadas y a las élites: sus grandes rentas, fortunas, blindajes para cobrar exarcebadas cantidades de dinero, las grandes diferencias con respecto al conjunto de la población.

Lo peor no son los datos, sino quienes no ven en ellos las caras reales de las personas que sufren una situación que no han generado y, todavía mucho peor, la falta de expectativas favorables para todos nosotros, más bien todo lo contrario. Por activa y por pasiva, los recortes van más allá del estrangulamiento económico, tienen que ver con derechos sociales y políticos. Un sencillo caso es lo que se pretende con los cinco jóvenes de la Estafeta que algunos parecen necesitar como cabeza de turco, para dar una lección de esas con las que se desea «mantener a la chusma a raya». Nada más y nada menos que cuatro años de cárcel por una supuesta participación en un piquete informativo. Pero la pregunta pertinente es ¿a quien interesa este escenario? ¿Quién provoca todo esto (y no solo puntualmente)?

Si hay algún responsable de la actual situación económica y vital de miles de personas, de la mayoría social, algún responsable también con nombre y apellidos, léase banquero, político, élite dirigente, juez o catedrático de estratificación social. La masa obrera (y los que pretendieron formar parte de una supuesta clase media informe y neutra) ya hemos hecho la cuenta proporcional al delito de desemplear, empobrecer y precarizar a la mayoría, en virtud de lo que piden para cinco desgraciados que, dicho sea de paso, no son más que peones de la actual coyuntura. De haber una justicia al servicio de la mayoría, esta debería pedir penas millonarias de cárcel para los responsables de dicha coyuntura. La ironía del asunto es que se arguye el derecho al trabajo.

Ironía es la figura literaria mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se dice. Es por ello que las grandes superficies defienden el derecho al trabajo de sus trabajadores en día de huelga, justo para impedir el derecho de los trabajadores a la solidaridad. Los pequeños comerciantes arrastrados por esta ilusoria cuenta de estilo El Corte Inglés creen así que pueden vivir de la mayoría social que les compra no viendo más factor humano en su clientela que el que ven los grandes, empatizando con la injusticia, parasitando y, por lo tanto, no viendo a sus clientes como personas de carne y hueso, sino como gente con cartera. Una cuenta económica de saldo negativo, pues es esa clientela de las clases populares la mayoría social afectada que compra menos o no compra porque no tiene dinero. ¿Qué aportan los discursos de asociaciones de comerciantes que hablan de sondeos entre sus miembros «sobre el miedo a la coacción de los piquetes» y de libertad de trabajo? Nada: ser pequeño comerciante con el discurso de los grandes comerciantes no aporta nada, no contribuye más que a que los trabajadores afectados por la crisis, su clientela mayoritaria, tengan una percepción negativa sobre el pequeño comercio, ya que este se muestra insolidario con las protestas que plantea la mayoría social, sin plantear nada a cambio. Otra ironía: con un discurso muy abultado en nombre de lo humano y lo cercano típico del pequeño comercio. ¿Cercano de quien? Como digo, ¿qué aporta ese discurso, cuando estamos viendo protestar a estamentos sociales y oficios que jamás hemos visto en la calle? No aporta nada, y nada que no sea una corta visión «de mi pequeño bolsillo». ¿Quiénes asesoran económica y socialmente a estas asociaciones?

Desde mi punto de vista, superar esta situación de desigualdad y de injusticia social enquistada tiene un hándicap para el sistema judicial en la ya mermada percepción social que la gente tiene de la Justicia sobre estos asuntos. Una condena de los cinco de Estafeta supondría un aumento de la desigualdad y la injusticia, de la percepción ciudadana del carácter históricamente desigual y clasista del sistema judicial. Y con ello, el aumento de la crispación.

No me cabe ninguna duda de que el derecho al trabajo es un derecho internacional universal y legítimamente defendible desde todos los puntos de vista. Pero también lo es el derecho a que se eliminen los obstáculos que impiden la realización del derecho al desarrollo de la mayoría social o aquellos que mantienen un orden económico injusto que genera paro, pobreza y exclusión social. Es evidente que en el orden de las cosas lo primero es suprimir el origen de la injusticia actual (bastante consabido ya, ¿no creen?) y, por coherencia, impedir que las consecuencias, el resultado de las resoluciones, también judiciales, no profundicen más en la conflictividad. Desde mi perspectiva, como afectado por esta crisis con responsables, condenarlos sería lo mismo que confundir la justicia con la política y poner de manifiesto que la clase social más conservadora, la judicatura de élite, pone el acento en lo represivo (mantenimiento del orden social actual) por encima de lo justo.