El cierre del albergue invernal de Mazarredo y de otros dispositivos como el de Barakaldo no pasa desapercibido para los colectivos sociales que trabajan en favor de los derechos de las personas sin hogar. Dos movilizaciones alertaron ayer en Bilbo de que la situación tiende a precarizarse aún más, ante el recorte de prestaciones y el aumento de los ciudadanos que malviven en la calle.

La dimensión de esta grave problemática deriva de los propios datos del Consistorio bilbaino, que contabilizó en 2010 a aproximadamente un millar de personas sin hogar; de ellas 786 pernoctaban en albergues y pisos de acogida provisionales, y otras 250 dormían en la vía pública o cobijados en cajeros o debajo de puentes. Distintos organismos sociales denuncian que, casi tres años después de aquel análisis tan preocupante, «no se ha articulado ninguna medida para hacer frente a esa dramática situación».

En ese contexto, el Consistorio cerró el 18 de abril el albergue invernal de Mazarredo, un recurso con 50 plazas, que se ampliaba en otras 50 en situación de «emergencia climática». Ayer, frente a la casa consistorial, alrededor de un centenar de ciudadanos denunció su clausura, portando una pancarta con el lema ``Nos dejan en la miseria-Kale gorrian utzi gaituzte'', al tiempo que algunos de ellos descansaban en el suelo con cartones y sacos de dormir para simbolizar «la situación en la que nos ha dejado el Ayuntamiento de Bilbao».

«Esta medida supone arrojar a más de 50 personas a la calle, dejándoles sin un techo para dormir y sin padrón que les permita acceder a los servicios sociales más básicos», manifestó Víctor Villares, que conoce la situación al ser educador social y trabajar con personas sin hogar.

A falta de conocer los datos referidos a la última campaña, Villares incidió en que en 2012, por primera vez, ha habido lista de espera en Mazarredo después de que en 2010 se atendiera a 318 personas y un año después a 396.

«Creemos que los albergues son recursos que tienen que responder a una situación de emergencia social y como tal deben ser atendidos con todos los recursos que sean necesarios, sin escatimar en ningún gasto», enfatizó. De ahí que insistieran en pedir a los responsables municipales que reconsideren el cierre y opten por mantener abierto este lugar de cobijo todo el año.

Tampoco pasaron por alto la «fuerte presión policial» a la que se somete a quienes malviven en la calle al no poder acceder a albergues y pisos. Por ello, censuraron las sucesivas redadas que han tenido lugar principalmente en pabellones abandonados de Zorrotzaurre o de la gente que se cobija bajo puentes, «o las constantes visitas de la Policía, deteniendo a las personas por buscar cobijo y destruyendo sus pertenencias».

Criticaron que Lakua, a través de Lanbide, siga retirando prestaciones sociales a aquellos que están empadronados en albergues, centros residenciales y pisos tutelados. «Está provocando que cientos de personas que habían logrado salir de la exclusión y acceder a una vivienda, hayan visto como sin justificación ni explicación les retiren una prestación básica para su supervivencia», explicaron.

Pidieron que aquellas personas que llevan mucho tiempo en los albergues debían poder acceder a viviendas del Ayuntamiento o de Etxebide. «Las dos administraciones disponen de cientos de viviendas que permanecen vacías. Pensamos -subrayaron- que esta postura de desaprovechamiento de recursos sociales supone una grave irresponsabilidad política».

Además de los concentrados ante el Ayuntamiento, en la Plaza de la Convivencia, entre las Torres de Isozaki, otro centenar de personas respondieron a la convocatoria de la plataforma besteBi. Reclamaron también la ampliación de los dispositivos invernales y un aumento de recursos, lamentando que se cierre el albergue de Mazarredo. Insistieron en que la situación de las personas sin hogar «es cada día más precaria», a las que se han sumado aquellas que han sufrido desahucios.