El gobierno foral de Gipuzkoa ha dado un nuevo paso en su objetivo de garantizar las condiciones laborales de los trabajadores que prestan servicios a la Diputación. Tal y como anunció hace meses, el Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias, en colaboración con los principales sindicatos (LAB, ELA, CCOO y UGT), ha elaborado un anteproyecto de norma foral sobre condiciones laborales en las obras públicas contratadas por la Diputación y las sociedades públicas forales.

Larraitz Ugarte, portavoz de la Diputación, presentó ayer en Donostia las líneas generales de la norma -cuyo anteproyecto está en exposición pública- que deberá ser refrendada por el Consejo de Diputados el próximo 21 de mayo para posteriormente ser debatido en las Juntas Generales.

Ugarte incidió en la «grave» situación en la que se encuentran las condiciones laborales en el sector de la Construcción, hecho que llevó al Gobierno foral a elaborar una norma foral que les permita garantizar que las empresas adjudicatarias de obras públicas cumplen con el convenio colectivo.

El pilar básico de la norma foral será el cumplimiento del convenio colectivo. Así, en los pliegos de los contratos de obras públicas se exigirá el cumplimiento de las cláusulas referidas a la salud y a la seguridad laboral, la prevención de riesgos así como el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio.

También recogerá medidas concretas dirigidas a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar o medidas de promoción de igualdad.

Otra de los puntos a destacar y que Ugarte quiso subrayar es que la norma no solo vinculará a la empresa adjudicataria, sinno también a las compañías subcontratadas.

Para evaluar y controlar si se cumplen las medidas recogidas en los convenios colectivos, se creará un Comisión Técnica de Evaluación compuesta por la Diputación y los sindicatos. En caso de identificarse infracciones, la comisión realizará una propuesta de penalidad al órgano de contratación para que se adopten las medidas oportunas.

Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves. En el caso de las leves, el importe de la penalidad no superará el 4% del presupuesto del contrato. En las faltas graves, la penalidad estará comprendida entre el 4% y el 7%, y en las infracciones estipuladas como muy graves, el importe de la penalidad será de entre el 7% y el 10% del presupuesto.

Vincular a próximos gobiernos

Hasta ahora, la Diputación tenía «las manos atadas», ya que debido a que las competencias las establece la ley estatal, la institución foral no tiene mecanismo jurídicos ni competencias en materia laboral para obligar a las empresas a que cumplan los convenios colectivos.

Por ello, en las obras de la carretera de Deskarga la Diputación incluyó una serie de cláusulas en los pliegos de contratación. Posteriormente, decidió elaborar una norma foral para que dichos pliegos se apliquen en todas las obras públicos.

Asimismo, el carácter de norma foral vincula también a los futuros gobierno forales. El objetivo es que, en el futuro, «sea cual sea el color de la Diputación, se incluya en todos los pliegos de obras públicas».

«Se necesitan políticas valientes», declaró Ugarte quién calificó de prioridad el garantizar las condiciones laborales de los trabajadores. Diputación espera aprobar definitivamente la norma antes del 8 de julio, cuando muchos convenios colectivos perderán su vigencia.

En esta línea, hizo mención al conflicto de las residencias y centros de día de la tercera edad y situó el papel mediador de la Diputación en su objetivo de garantizar las condiciones laborales de los trabajadores dependientes del ente foral. También recordó que el Gobierno foral «ha hecho frente a los recortes de Madrid abonando a los trabajadores públicos un complemento retributivo».