El Parlamento de Gasteiz, con la oposición del PNV y el PP, acordó ayer instar al Gobierno de Iñigo Urkullu a que derogue el decreto que aprobó en marzo para establecer un aumento de la jornada laboral anual para los trabajadores de la Administración pública vasca. Dicho decreto fija el incremento de la jornada del personal público de 1.592 a 1.614,5 horas anuales, además de una reducción de seis a tres de los días de permiso por asuntos particulares.

EH Bildu impulsó una iniciativa en la que reclamaba la derogación de dicho decreto y, aunque esta moción fue respaldada también por el PSE, fue rechazada con los votos del PNV, PP y UPyD. El único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, pese a estar de acuerdo con la derogación del decreto, se posicionó en contra, en la línea que mantiene en el Parlamento de no votar a favor de iniciativas impulsadas por EH Bildu. Cabe recordar que la pasada semana UPyD votó a favor, junto con la coalición, de trasladar al Parlamento el debate sobre fiscalidad.

En su lugar, fue aprobada una enmienda transaccional de PSE y UPyD en la que se recogían prácticamente todos los puntos que planteaba en su moción EH Bildu.

Tras una votación por puntos de esta última enmienda, salió adelante la que insta a Lakua a derogar el decreto sobre el aumento de la jornada laboral de los empleados públicos con 38 votos a favor.

Durante el debate, el parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu denunció que dicho decreto, «impuesto por el Gobierno de Gasteiz sin un acuerdo con los sindicatos y sin un debate social y político, enviará a muchos trabajadores interinos al desempleo» y consideró que «vulnera» la ley al terminar con la jornada laboral de 35 horas semanales. Asimismo, defendió la centralidad del sector público para incentivar la economía, repartiendo el trabajo y manteniendo los derechos laborales.

Por otra parte, los sindicatos ELA y LAB valoraron positivamente el rechazo mostrado al decreto en el Parlamento. LAB denunció que el PNV ha intentado «unilateralmente», mediante «la imposición» de este decreto «tirar a la basura», el acuerdo logrado hace una década.

ELA afirmó que el rechazo parlamentario muestra la «nula» legitimidad del Gobierno de Lakua para seguir manteniendo en vigor el aumento de jornada.