La Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM) presentó ayer sus previsiones para este año. A su juicio, «cuatro de cada cinco empresas del Metal apuesta por los ajustes y la reducción de costes». En este caso, su presidente, José Luis López Gil, anunció que espera que este año se destruyan 3.000 empleos en el sector. Dijo que es una cifra similar a la de 2012 y justificó la merma del empleo por la crisis.

López Gil afirmó, por otro lado, que la patronal del Metal ha hecho público su «compromiso de defender las cuestiones que ha incorporado la reforma laboral a la legislación en materia de flexibilidad, descuelgues o resoluciones de conflictos». Dejó claro que los asociados a la FVEM «han manifestado esa idea de garantizar la reforma laboral».

La federación representa a 951 de las cerca de 1.500 empresas del sector en Bizkaia. En el primer trimestre, estas empresas han destruido 419 puestos. Dan empleo a más de 38.000 de los 55.000 trabajadores que tiene el sector.

Más de 3.000 millones

En el encuentro ante la prensa, el presidente de la FVEM recordó que «a pesar de las duras condiciones en que se desarrolló su actividad, el Metal mantuvo 55.500 empleos en Bizkaia en 2012».

Según los datos aportados ayer, antes de la asamblea de los empresarios del sector, explicó que las empresas del metal generaron un beneficio de más de 3.000 millones (más de dos millones de beneficio por cada empresa de media), realizó inversiones de 400 millones y «pagó 1.800 millones en salarios (32.432 euros por trabajador de media) y casi 500 millones más en cotizaciones sociales».

El máximo representante de los empresarios del Metal de Bizkaia criticó con dureza la huelga general que han convocado los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru y CNT y más de medio centenar de colectivos sociales para el próximo 30 de mayo porque, a su juicio, «solo servirá para complicar la situación de las empresas y de la negociación del convenio provincial del sector».

Negociación colectiva

Sobre el atasco que sufre la negociación, calificó de «estériles» los intentos hechos hasta ahora para aproximar posturas con los sindicatos.

Trasladó la responsabilidad de esa parálisis a los sindicatos «por su empeño en introducir cláusulas que dejen sin efecto aspectos de la reforma laboral», aprobada por el Gobierno español del PP en 2012, que la patronal considera «fundamental» para la organización de las empresas.

En este caso, intervino el gerente de la Federación, Jaime Fernández Alcedo, que añadió que si nada cambia en la actual situación negociadora y se llega sin acuerdo al 7 de julio, «las empresas del sector se verían abocadas a la desaparición del marco colectivo provincial y aplicar el convenio estatal del Metal», según precisó.

Añadió que este convenio estatal «carece de regulación en materia de jornada y salarios por lo que en estas dos cuestiones se iría a aplicar lo establecido por el Estatuto de los Trabajadores, que fija un salario mínimo interprofesional que en la actualidad es de 645 euros al mes».