Bajo el nombre «Jatorri anitz, Herri bat» («diversas procedencias, un solo pueblo»), diferentes agentes sociales pusieron en marcha en diciembre del pasado año una dinámica con el objetivo de recoger datos sobre la realidad sanitaria de la ciudadanía de Gipuzkoa. Ayer presentaron las conclusiones de estos meses de estudio ante los medios.

Según explicaron, las incidencias y denuncias se han recopilado a través de llamadas telefónicas, webs u otros canales, como los propios profesionales de la salud, trabajadores municipales, técnicos de inmigración, ayuntamientos y diversos colectivos sociales.

Entrando de lleno en las consecuencias de ese estudio, constataron que los casos que más se repiten son la denegación de la tarjeta sanitaria, las derivaciones a urgencias, las facturaciones de servicios, el coste de algunos medicamentos para enfermos crónicos y pensionistas, y el pago de medicamentos de personas sin tarjeta sanitaria.

Los afectados, «con miedo»

Analizando caso por caso las diferentes vulneraciones, los agentes señalaron que en el caso de la denegación de tarjeta sanitaria, «en algunos casos se niega directamente y en otros se inicia su tramitación pero pasan los meses y las personas solicitantes, sobre todo si se trata de personas en situación irregular, no reciben respuesta».

Estas personas sin tarjeta son derivadas automáticamente a los servicios de urgencia para ser atendidos. Cuidados por los que, además, se les pasa factura, que en el caso de las urgencias de hospitales se encarecen significamente. «Especialmente grave es el caso de la asistencia en pediatría -destacaron los agentes sociales- en el que se actúa de igual manera a pesar de que el decreto 114/2012 puesto en marcha por el Gobierno español garantiza la atención en caso de personas menores, especialmenente niños y personas embarazadas». De este modo, señalaron que en algún caso se ha llegado a facturar 150 euros a una familia por atender una simple diarrea.

El acceso a los medicamentos tampoco está exento de quejas, según la iniciativa popular, ya que sea por el copago o por la falta de tarjeta sanitaria, los precios se encarecen significamente.

Estos comportamientos, denuncian los agentes, están teniendo un «efecto disuasorio» a la hora de acceder a la asistencia sanitaria. «Las personas afectadas tienen miedo, se sienten amenazadas», por lo que muchas de ellas, a pesar de sentirse enfermas, no acuden a los servicios sanitarios, ni presentan denuncia alguna en los servicios habilitados para ello.