Las cinco formaciones políticas catalanas que en las últimas elecciones incluyeron el derecho a decidir en sus programas acordaron ayer crear la comisión parlamentaria que defina este derecho.

Es la primera vez que los grupos parlamentarios de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP suman sus 107 diputados para impulsar el proceso hacia la consulta, algo que deja una fotografía con casi el 80% del Parlament sentándose para poner las bases del derecho a decidir.

No ha sido fácil llegar hasta aquí. CiU y ERC no contemplaban esta comisión en su pacto de estabilidad, aunque la incorporaron a petición de ICV-EUiA.

La CUP se sumó ayer al impulso de la comisión, entendiendo que «debe servir para estudiar las diferentes vías hacia el mandato popular de celebrar una consulta sobre la autodeterminación» y reclamando que el proceso «no se eternice en el tiempo y que en los próximos meses se pueda definir una hoja de ruta clara hacia la consulta, acordar la pregunta y fijar una fecha para su celebración».

El PSC, a última hora

Otro cantar ha sido el del PSC, que no decidió sumarse al impulso de la comisión hasta última hora del pleno parlamentario de ayer.

Ante el riesgo de quedar fuera de juego y de escenificar de nuevo la división interna -como ya pasó con la Declaración de Soberanía-, los socialistas decidieron sumarse a la iniciativa.

Pero lo hicieron a regañadientes, ya que el PSC ha dejado muy claro que no apoya una consulta sin permiso del Estado, un escenario que la comisión deberá abordar tarde o temprano.

Próximamente se constituirá también el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, en el que participarán, además del Govern y entes municipales, agentes políticos, sociales, económicos y culturales, y al que el PSC no ha aclarado si se sumará.