El Tribunal Constitucional español ha rechazado el recurso de amparo que presentamos por violación de nuestro derecho a la tutela judicial efectiva, intentando cerrar el círculo del olvido.

Después del asesinato de nuestro hermano Víctor Manuel en el año 1975 en Portugalete, y del sobreseimiento de la querella presentada en 1977 ante la justicia española; después de haber intentado reabrir el caso durante la época de los gobiernos socialistas; después de haber perdido toda esperanza y de haber perdido por el camino a nuestros padres y a nuestro hermano Ignacio, la Ley de Memoria Histórica de 2007 reconoció a Víctor como víctima del Franquismo. Además reconoció que los familiares de las personas afectadas pudieran solicitar del Estado español una declaración de reparación y reconocimiento personal, donde se hiciera constar que efectivamente fueron asesinados por razones políticas o ideológicas.

Una vez reconocido nuestro hermano como víctima del franquismo, decidimos apelar a los tribunales para que fuese reconocido como víctima de un crimen de lesa humanidad, en el contexto de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.

En diciembre de 2011 formulamos la querella en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo, contra el cabo de la Guardia Civil Narciso San Juan del Rey por delito de asesinato y delito de lesa humanidad sin perjuicio de dirigirla por otros delitos y contra otras personas a lo largo de la intervención judicial. El día 22 de abril del año en curso, el Tribunal Constitucional nos ha notificado la resolución de inadmisión a trámite de la querella contra Narciso San Juan en un solo párrafo, «dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo...».

Al igual que en el caso del poeta Miguel Hernández, la Sección Segunda de la Sala Primera del Tribunal Constitucional Español no ha dado ningún tipo de argumento para rechazar el recurso de amparo, evitando la discusión de fondo. Pero no han dudado al afirmar que el asesinato de nuestro hermano no supuso la violación de un derecho fundamental. Este Tribunal, al igual que la Audiencia Provincial de Bilbao y el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo, no han hecho absolutamente nada para evitar que los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista queden impunes.

La decisión de no admitir el recurso de amparo ha sido adoptada por los magistrados Manuel Aragón Reyes, Fernando Valdés Dal-Re y Andrés Ollero Tassara. Los dos primeros propuestos por el PSOE al Tribunal Constitucional, y el tercero propuesto por el PP, miembro del Opus Dei y exdiputado del PP en el Congreso. Aunque puede parecer sorprendente la coincidencia en la apreciación de los magistrados supuestamente progresistas con la del magistrado conservador, no hay que olvidar que han sido propuestos y elegidos para formar parte del Tribunal Constitucional por los partidos que se niegan a derogar la Ley de Amnistía de 1977, a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya pedido a España la abolición de dicha ley, por considerarla en contradicción con los tratados internacionales ratificados por el Gobierno español. Obstáculo fundamental para poder enjuiciar los crímenes de lesa humanidad acaecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Podemos entender que el PP se niegue a abolir la ley de 1977, porque algunas personas con responsabilidades políticas hasta el año 1977 forman parte de su espectro ideológico o han tenido responsabilidades políticas en el Partido Popular e instituciones hasta hace bien poco tiempo. Pero el caso del PSOE llama más la atención. Quizá el miedo a revisar el pasado, a aclarar cómo se gestó la transición del franquismo a la supuesta democracia les atenace. Tienen tanto que sacar a la luz y tanto por lo que avergonzarse.

La Ley de Amnistía supuso la legitimación del régimen franquista por la incipiente democracia, así como de las razones esgrimidas por el dictador para su existencia y de los miles de asesinatos ocurridos durante el periodo 1936-1977, además de la equiparación de las razones políticas esgrimidas por los victimarios franquistas y por los luchadores por la democracia, víctimas estos de terrorismo de estado y de crímenes de lesa huma- nidad.

El PP y el PSOE siguen callados, al igual que el Tribunal Constitucional, dependiente de aquellos. Con su decisión, están condenando a las «víctimas de la violencia de motivación política», a las otras víctimas, a que no se sepa la verdad, al no reconocimiento, a la no reparación, a la injusticia. El proceso iniciado por la dictadura franquista con la eliminación física de miles de ciudadanos, entre ellos nuestro her- mano, ha sido validado por esos partidos políticos y por los tribunales de la democracia con su negativa a ampararnos. Todo atado y bien atado.

Es imposible creer en una democracia que condena al olvido institucional y social a aquellos que lucharon por una sociedad más justa y por un sistema de libertades y de derechos democráticos. Víctimas nuevamente. Víctimas de la dictadura y víctimas de un supuesto sistema democrático que protege a los victimarios.

Asesinados durante la Guerra civil y el Franquismo, además de la desaparición física supuso el fin de sus proyectos de vida, de sus ilusiones. Rotas las familias, estigmatizadas para toda la vida. Asesinados de nuevo, esta vez durante la democracia española: eso es lo que supone la condena al olvido.

El Tribunal Constitucional aboga por el pacto de silencio con el PSOE y con el PP. De momento nos queda Estrasburgo y, tal vez, la justicia argentina.