Con una deuda que supera los seis millones de euros, el Ayuntamiento de Bakio estuvo a punto de abonar a la constructora José Antonio Olabarri SL, «sin justificación alguna», 130.789,07 euros como indemnización por el coste del derribo y urbanización de una parcela junto al Txakolingunea que no se ejecutó. Finalmente no se abonó, después de que Bildu advirtiese de las irregularidades y que el propio secretario municipal informase de que no podía modificarse el convenio urbanístico que rubricaron poco antes de las elecciones locales de 2011 el Consistorio y la empresa.

Atendiendo a la petición de la constructora, el alcalde, el jeltzale Aitor Apraiz, encargó un informe jurídico externo que amparase el cambio y adjudicó a la empresa del arquitecto municipal, Iskander Atutxa, los trabajos para habilitar un parking junto al Museo del Txakoli. Ante las sospechas de irregularidades, la coalición solicitó aclaraciones al secretario, quien confirmó los temores de la oposición y añadió otros.

El informe, según desvelaron ayer los ediles soberanistas, rubricó que en el convenio de mayo de 2011 no había errores y que cualquier modificación debía pasar por pleno, no por un decreto de Alcaldía. Además, apostillaba que era una simple compra venta, por lo que no hacía falta un nuevo convenio.

Respecto al proyecto de aparcamiento, apuntó que había que modificar las Normas Subsidiarias. Asimismo, subrayaba que el Ayuntamiento podía actuar contra la constructora por incumplir el convenio, ya que no derribó y urbanizó el terreno contiguo al Txakolingunea en el plazo estipulado por el acuerdo.

En medio de la consulta, sorpresivamente, Apraiz anuló el contrato firmado con Arkigest Estudioa SL para que acometiese el proyecto. Unos días después, en comisión, el alcalde comentó que el Gobierno español les había denegado la petición de destinar el dinero para equipar el restaurante del Txakolingunea -servicio que no se va a dar- a la construcción del estacionamiento en la parcela que es propiedad de Olabarri SL.

Para Bildu, todo lo que rodea el caso es «irregular» y muestra como el PNV «antepone los intereses de una constructora a los de la ciudadanía». «No se puede gestionar un ayuntamiento como si de una empresa privada se tratara haciendo caso omiso a la ley y anteponiendo el interés privado al general. Volvemos a caer en errores pasados -enfatizaron-, en argumentos de legislaturas anteriores».

La coalición señaló que los jeltzales tienen que volcarse en las necesidades de los vecinos.