«Me veo obligado a presentar mi dimisión voluntariamente y sin vacilación», anunció el Ministro de Defensa libio, Mohamed al-Barghathi. «No aceptaría que la política sea ejercida por la fuerza de las armas en nuestro nuevo Estado», añadió. La dimisión era otra cesión a los grupos armados que llevan una semana rodeando las sedes de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia.

Estas presiones habían conseguido ya que el Congreso General Nacional libio (CGN), la más alta autoridad del país, adoptara una ley para excluir de la vida política durante diez años a antiguas autoridades del régimen de Muamar Gadafi. Pero la ley no especifica a partir de qué nivel los funcionarios no podrán ocupar cargos de responsabilidad en el nuevo sistema político. El texto, que debería entrar en vigor en un mes, podría afectar a Barghathi, que fue comandante de las fuerzas aéreas en tiempos de Gadafi.

Sin embargo, dos horas después de dimitir, y a petición del primer ministro, el titular de Defensa decidió seguir en su puesto.

Las milicias que rodean los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia -con vehículos con cañones antiaéreos y lanza-cohetes- reclamaban en un principio que el CGN adoptara dicha ley. Y tras conseguirlo, ahora presionan para exigir el cese del primer ministro y otras autoridades del país.

«Somos los zowars (revolucionarios) y queremos corregir el proceso de la revolución», afirmó uno de ellos, Mohamed Ben Neema.

Ante el Ministerio de Justicia la mayoría había dejado el lugar pero cinco hombres armados mantenían aún sus posiciones. «Después de la adopción de la ley sobre la exclusión política hemos alcanzado nuestro objetivo. Esperamos un responsable del Ministerio para entregarle el edificio», explicó uno de ellos. Pero el ministro de Justicia, Salah al-Marghani, precisó que los funcionarios no regresarían ya que «dos vehículos con cañones antiéreos se encuentran todavía en el interior del Ministerio».

Algunos políticos libios acusan a los grupos islamistas de estar detrás de estos movimientos de protesta armados, con el fin de excluir a sus rivales liberales del poder. Así, la Alianza de Fuerzas Nacionales (AFN), que ganó las legislativas, cree que la ley de exclusión política tiene el objetivo de descartar a su líder, Mahmud Jibril, que trabajó para el régimen de Gadafi en los últimos años antes de unirse a la rebelión y convertirse en el primer ministro del gobierno insurgente.