La admisión a trámite del recurso presentado por los cinco condenados en el «caso Bateragune» abre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional ponga fin a uno de los atropellos cometidos por la justicia española que, por flagrante, mayor contestación ha recibido en mucho tiempo, tanto en la calle como en el ámbito político de Euskal Herria. La detención y posterior encarcelamiento de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto adquirió tintes de escándalo desde el mismo momento en que se produjo la operación policial, en octubre de 2009, pero con todo lo que ha ocurrido desde entonces, cada día que permanecen en prisión no hace más que ahondar en el esperpento.

Una vez tramitado el recurso, el Constitucional no tiene límite de tiempo para decidir si confirma o revoca la condena impuesta a los cinco militantes de la izquierda abertzale, pero antes los magistrados deberán estudiar la petición de la defensa de que se suspenda la ejecución de la pena. Atendiendo a un mínimo sentido de la lógica judicial, el tribunal no debería deliberar demasiado para concluir que este constituye un caso evidente de condena por motivos políticos y, por tanto, vulneradora de derechos elementales. Pero si necesita tiempo para llegar a esa conclusión, que sin duda comparte el conjunto de la sociedad vasca y también la gran mayoría de sus representantes políticos e institucionales, al menos debería poner en libertad con la mayor celeridad a unas personas que ya han permanecido casi cuatro años encarcelados, prácticamente dos terceras partes de la totalidad de la condena.

Exigir justicia es imposible, porque esta no llegaría aunque prosperara el recurso de amparo. Pero el tribunal sí tiene en su mano hacer que la injusticia cometida con estas personas no dure ni un minuto más. La detención y condena de quienes han propiciado un nuevo escenario en la política vasca solo responde al espíritu vengativo que anida en cierta clase política y judicial española. Pero si no pudieron evitar que llegara el cambio, sí deberían impedir que se alargue un dislate que les deja en evidencia ante todo el mundo.