Ocho años después de que se rubricase el acuerdo marco entre Iñaki Azkuna -en su doble condición de alcalde de Bilbo y presidente de Bilbao Ría 2000- y José Ignacio Sánchez Galán -por entonces vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola- para propiciar que la eléctrica construyese la torre de Abandoibarra a cambio de la recalificación del solar donde se emplazaba su antigua sede, se han conocido detalles de la operación. Tras la denuncia de Bildu y la solicitud de información, los responsables municipales han facilitado a la coalición soberanista el documento que desvela los compromisos adquiridos por las partes, y que acarrean una deuda de 25,55 millones de euros para el Ayuntamiento.

Inicialmente se afirmó que eran 20,74 los millones que debía el Consistorio a Ría 2000, a raíz de la venta del solar donde hoy se alza el imponente rascacielos. El Gobierno Azkuna aceptó la propuesta de recalificación de Iberdrola para la transformación de la antigua sede de la eléctrica, en la céntrica calle Gardoki, en una promoción de viviendas de lujo.

Además de permitir que el nuevo edificio se igualara a los existentes en su entorno, se le reconoció un aprovechamiento urbanístico de 20,74 millones. Ese aprovechamiento muy ventajoso se trasladó a Abandoibarra en forma de deuda municipal, lo que permitió a Iberdrola rebajar el precio de la parcela en ese importe y el Ayuntamiento asumió ese saldo acreedor ante Bilbao Ría 2000.

Esa deuda era de 20,74 millones de euros en 2005, aunque como precisó Bildu cuando destapó las consecuencias de la operación inmobiliaria quedaba por determinar si en el documento se incluía la actualización del importe y así ha sido. Tras más de una semana de espera, el Área de Urbanismo facilitó a la coalición el acuerdo marco y se ha confirmado que en ocho años la deuda es ahora de 25,55 millones de euros al aplicársele un incremento del 23,2% del IPC desde enero de 2005 a marzo de 2013.

Así, la deuda total del Consistorio bilbaino es de 84,5 millones y, en plena crisis, se aventura complicada su amortización. Al destaparse el caso, el delegado de Urbanismo, el jeltzale Ibon Areso, indicó que el Ayuntamiento pretendía obtener 5 millones del aprovechamiento urbanístico y licencia de obras de la promoción de pisos de lujo que se edifican en el solar que ocupó la gasolinera del RAG y el resto a través del pago plurianual hasta 2015. Surge la duda de dónde piensa detraer esos millones el Gobierno Azkuna, pues también tiene que afrontar el pago de 30 de las obras de apertura del canal de Deustua.

«Que nos digan la verdad»

Desde que GARA se hiciese eco de las consecuencias del trato de favor del Ayuntamiento a Iberdrola y de la lectura política efectuada por Bildu, el Gobierno Azkuna ha mantenido silencio y ha tratado de retrasar, como es habitual, la entrega de la información, a pesar de que alardea de su «gestión transparente».

La edil Aitziber Ibaibarriaga insiste en pedir que les digan «la verdad de la deuda, porque creemos que según se van conociendo más datos, queda más en evidencia la mentira que se esconde detrás del mito del buen gestor» que se atribuyen los jeltzales. «Cada día que pasa vemos que la deuda crece y crece y se sitúa en cerca de 85 millones de euros, muy lejos del tan cacareado déficit cero», añade.

Esa sospecha les lleva a solicitar una auditoría externa e independiente para conocer las cuentas reales del Consistorio «y si existen más convenios de este tipo donde se hayan podido generar otros debes por parte del Ayuntamiento». Ibaibarriaga insiste en el trato ventajoso que se brindó a la multinacional eléctrica, con el que han salido perjudicados los intereses públicos, frente a otras recalificaciones en las que los promotores renuncian a los aprove- chamientos urbanísticos.

A pesar de que Urbanismo les ha facilitado el documento, Bildu estima que hay muchas preguntas que el PNV no acaba de responder. «¿Por qué el Ayuntamiento consintió la recalificación si eso le suponía un déficit de aprovechamiento de 20 millones de euros?», señala la concejala, apostillando que el Gobierno Azkuna podía haber consentido la recalificación de Gardoki «y al mismo tiempo comprometer al propietario, vía convenio, a renunciar al superávit de aprovechamiento como hemos visto recientemente en el Consejo Asesor con el caso de Pablo Alzola».

Ante los numerosos interrogantes, Bildu reclama a Iñaki Azkuna a que «como alcalde asuma las responsabilidades políticas derivadas de esta nefasta actuación», que costará a los bilbainos 25,55 millones.