El líder de la oposición española, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha presentado un documento con la denominación «Reactivar la economía para combatir el desempleo». En este documento se ha incluido una propuesta ciertamente llamativa que consiste en destinar 30.000 millones de los 100.000 concedidos al Estado español a través del rescate financiero de 2012 a medidas concretas de reactivación y, en concreto:

Crear un Fondo Público de 20.000 millones de euros para la financiación de las empresas (inversión y liquidez), el fomento del autoempleo, la iniciativa emprendedora y la internacionalización.

En segundo lugar, desarrollar un programa de reestructuración de la deuda hipotecaria para la primera vivienda de las familias. El programa consistiría en crear un fondo para reestructurar la deuda de los hogares dotado con 10.000 millones de euros, para hacer frente a una cartera de hipotecas en riesgo de impago renegociándose el alargamiento de plazos, reducciones del tipo de interés efectivo de la deuda y quitas. Las eventuales pérdidas se deberían asumir a partes iguales entre el Estado y la entidad que vende el crédito.

El planteamiento ha suscitado rápidamente reacciones negativas en la Unión Europea. Se trata de reacciones, lógicamente, previsibles.

Lo que puede decirse de la propuesta del PSOE es, en síntesis, que es una propuesta que de forma rotunda podemos calificar como acertada. El problema es que, a la vez que conceptualmente acertada, parece una propuesta fuera de contexto. Es una propuesta conceptualmente acertada porque, por primera vez, enfoca de forma directa uno de los problemas esenciales de las políticas desarrolladas para hacer frente a esta crisis financiera. Los 100.000 millones del rescate financiero de 2012 fueron, en nuestra opinión, un colosal disparate, tanto desde el punto de vista de la política económica española como de la europea.

Ni el Estado español ni la Eurozona están, desde luego, en una situación excedentaria para dilapidar recursos de esa forma. Ni nuestros ciudadanos, ni nuestras empresas, ni nuestros gobiernos pueden permitirse estos lujos. Que en una situación presupuestaria dramática, con un 25% de desempleo, sin un modelo productivo alternativo, y en plena aplicación de una radical estrategia de austeridad, se comprometieran nada menos que 100.000 millones de euros con el sector financiero es un verdadero disparate.

Lo es, desde luego, para el Eurogrupo, que aceptó destinar estos recursos con cargo a los recursos de todos los europeos. Y lo es también para el Estado español que, en caso de disponer de recursos adicionales, debería haberlos destinado a las verdaderas necesidades de la economía real española y nunca enterrarlos en el sector financiero.

El argumento habitualmente utilizado al respecto de que «los bancos necesitan ser recapitalizados» es rigurosamente falso y un intolerable engaño al conjunto de la sociedad occidental. La propia Comisión Europea ha reconocido repetidamente que las ayudas públicas a los grandes bancos han sido excesivas durante estos años. La actual propuesta de utilización del procedimiento de «bail-in» para la reestructuración bancaria responde precisamente a ello.

Es evidente que los bancos necesitan más capital. Pero no necesitan ser recapitalizados. Necesitan recapitalizarse. Necesitan recapitalizarse por sí mismos, a través de los procesos de reestructuración interna, «bail-in» y separación de las actividades de banca de inversión. Puesto que no es necesario destinar ni un euro más al rescate público de los bancos, el rescate financiero de 100.000 millones jamás debía haberse solicitado al Eurogrupo ni éste debiera haberlo concedido.

El planteamiento del PSOE es, por lo tanto, conceptualmente correcto. El problema es que está planteado, en nuestra opinión, fuera de contexto. Lo decimos porque el fondo de 100.000 millones comprometido responde a un acuerdo y unos compromisos concretos y la propuesta del PSOE, salvo que se tratara de algo meramente testimonial, exigiría -lógicamente- una previa renegociación de dichos acuerdos con el Eurogrupo.

Pero antes de plantear dicha renegociación el gobierno español debería cargarse de razones. No es posible desarrollar políticas tan sumisas ante el sector bancario durante cinco años y, de un día para otro intentar dar marcha atrás a los compromisos asumidos como consecuencia de dichas políticas sin un reconocimiento de los errores cometidos y una explicación seria y clara ante la sociedad española sobre lo sucedido durante estos años.

En este contexto, vemos escasas posibilidades de que esta propuesta salga adelante a corto plazo. Sin embargo, deberíamos apuntarnos a la esperanza de que suponga un punto de inflexión en las desenfocadas políticas anticrisis aplicadas en el Estado español.

Por otro lado, no es descartable que esta propuesta, en caso de mantenerse, se convierta en un detonante de la apertura de un debate de fondo en el momento en que el gobierno español decida recurrir a los 60.000 millones que aún quedan por disponer del total de 100.000 concedidos por el Eurogrupo.