La abstención del PNV permitió que el Parlamento de Gasteiz sentenciara ayer que «vivimos en un Estado de Derecho que garantiza plenamente los derechos y libertades de la ciudadanía», en el que, además, «no existen problemas para defender las ideas políticas, siempre que se expresen en el marco de la legalidad. Y que, «en consecuencia», «declara con total rotundidad que no existen presos políticos». Pero más llamativo aún fue que tras consentir la aprobación de esta declaración en la Cámara autonómica y otra similar en las JJGG de Bizkaia, el portavoz jeltzale, Joseba Egibar, asegurara que el acuerdo es «un paso atrás».

EH Bildu entiende que lo ocurrido ayer en el Parlamento «no es un debate semántico». Lo dijo Julen Arzuaga en su intervención: «Hay tribunales que desde la lejanía, apostados como francotiradores, esperan una resolución, como la que hoy nos trae el PP, para dar una vuelta de rosca nueva a la represión judicializada que en los últimos tiempos está enfocada contra la solidaridad con los presos vascos».

En este sentido, no cabe olvidar que la Fiscalía ya ha abierto investigaciones contra Pernando Barrena y Patxi Zabaleta por el empleo de este tipo de términos. Además, determinadas asociaciones de víctimas presentan constantes iniciativas judiciales por su uso incluso contra medios de información.

Además, en el propio Parlamento hay una demanda de UPyD solicitando de la Presidencia la prohibición del uso del término preso político.

«Víctimas políticas»

El acuerdo alcanzado proviene de una iniciativa del PP, que finalmente llegó a un pacto con el PSE para presentar un texto conjunto.

El debate transcurrió por los cauces habituales en estos casos. UPyD, PP y PSE defendieron que España es una democracia y que, por tanto, no cabe hablar de presos políticos si no -como dijo el portavoz del Grupo Popular Borja Sémper- de «asesinos de manual».

Sémper defendió «la obligación pedagógica de llamar a las cosas por su nombre. Los presos de ETA no son presos políticos y no lo son porque no están condenados por sus ideas, sino por asesinar, extorsionar y matar. Las víctimas de ETA sí son víctimas políticas, porque fueron asesinadas en nombre de un proyecto político totalitario».

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga defendió la definición de preso político que ofrece Amnistía Internacional, como «todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades», y esto incluye a miembros de organizaciones armadas. También señaló Arzuaga que el mismo organismo -que la pasada semana visitó el Parlamento- recuerda que «los gobiernos suelen afirmar que en su país no hay presos políticos, sino únicamente presos encarcelados en aplicación de las leyes penales ordinarias».

Por el PNV intervino Maribel Vaquero, quien prefirió utilizar lo que definió como «terminología de las Naciones Unidas», para sostener que «los presos de ETA no son presos de conciencia ni presos políticos, son presos que tienen objetivos políticos, por los que han infringido la ley y vulnerados derechos, utilizando la violencia o promoviendo o ayudando en su uso».

La portavoz jeltzale añadió que «el Estado no trata al colectivo de presos de ETA como presos comunes. Su pertenencia a ETA, su motivación, hace que su trato sea diferente».

En todo caso, la línea argumental principal del PNV y la que llevaba en su enmienda a la totalidad era que este tipo de debates deben sustanciarse en la Ponencia de Paz y Convivencia. Y tanto Vaquero en la Cámara como Joseba Egibar ante la prensa criticaron que PP y UPyD pretendan obtener réditos propagandísticos planteando estas cuestiones en el pleno.

Tras haber fijado esta posición, el PNV anunció que se abstendría en el resto de enmiendas y votaría a favor de la suya. Sin embargo, sabía que con su decisión ni siquiera llegaría a votarse su propia propuesta. Con su abstención permitía que saliera adelante lo pactado por PSE y PP, que concitó el apoyo de UPyD, pese a que tachó el texto de poco exigente.

El acuerdo se aprobó con 27 votos a favor, 20 en contra de EH Bildu y la necesaria abstención de los 27 escaños jeltzales.