La juez que instruye la causa por las dietas de Caja Navarra ha citado a declarar a Enrique Goñi, el ex director general de la caja que -según sus propias palabras- llevó a cabo «la mejor gestión» para los clientes de esa entidad que, siempre en versión de Goñi y en contra de la evidencia, no ha desaparecido. A la par, la Guardia Civil accedía a los archivos informáticos de la CAN para comprobar si las actas de reunión de los órganos directivos de la caja entregadas al juzgado son originales o fueron manipuladas. Se va cerrando así el círculo judicial en torno a un escándalo mayúsculo que no ha dejado de ir en aumento y en el que los implicados son representantes de instituciones públicas que se han negado, y lo siguen haciendo, a hacer frente a su responsabilidad política, por lo que, además de exigible, es satisfactorio que al menos afronten su responsabilidad ante la Justicia. Claro que tampoco esto último ha sido posible gracias al «funcionamiento democrático» de las instituciones a cuyo cargo están y/o estaban los propios imputados, sino a la iniciativa popular, la cual ha demostrado un sentido cívico y ético que ha brillado por su ausencia en el caso de los los gobernantes navarros.