La Diputación de Gipuzkoa, Uema y los 37 municipios del herrialde que anunciaron en su día incluir condiciones lingüísticas en los contratos administrativos con las empresas -por ejemplo a la hora de rotular y de comunicarse con usuarios o con la administración- se reafirmaron en su voluntad de continuar impulsando la normalización del euskara pese a las amenazas de la Delegación del Gobierno español y de la Abogacía de Estado.  

Esta última ha presentado sus primeros recursos, contra los ayuntamientos de Anoeta y Lezo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) los ha admitido a trámite y ha exigido a los consistorios afectados que remitan la documentación en castellano.

Ediles de ambos pueblos comparecieron ayer junto a la presidenta de Uema, Maren Belastegi, y el director foral de Euskera, Zigor Etxeburua. Belastegi denunció que «aunque la ley recoja la oficialidad del euskara, cuando ponemos en práctica la propia ley nos ponen obstáculos», y manifestó que no se pueden admitir injerencias externas.

También criticó que la Abogacía del Estado haya iniciado el proceso judicial antes incluso de pedir información directa a los ayuntamientos. La presidenta de Uema remarcó que hay partidos políticos que se muestran a favor de la oficialidad pero en la práctica ponen obstáculos a su desarrollo.

«No abandonaremos»

Por su parte, Zigor Etxeburua manifestó que «las instituciones locales de Gipuzkoa queremos reiterar la decisión adoptada de poner en marcha una política lingüística independiente, que garantice la recuperación y desarrollo del euskara. Acordaremos, decidiremos e implantaremos las medidas necesarias para poder vivir en euskara. No abandonaremos el camino iniciado».

Los representantes de Lezo y Anoeta mostraron su «inquietud» y «sorpresa» por el requerimiento, y defendieron que los acuerdos suponen una «herramienta válida» para normalizar el uso de la lengua vasca.