crisis institucional en nafarroa
La juez imputa a Goņi mientras la Guardia Civil registra la sede de CAN
La Guardia Civil acudió ayer a la sede de Caja Navarra en busca de los archivos originales de las actas de la Permanente, ante la duda de que pudieran haber sido falseadas. La juez considera que se trata de una «diligencia indispensable para la instrucción» determinar su fecha de creación. En un auto diferente, también ha citado a declarar a Enrique Goñi, exdirector de CAN, en calidad de imputado, aunque la notificación no recoge con claridad por qué delito.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
La Guardia Civil acudió ayer a la sede central de Caja Navarra por orden de la juez que instruye la causa denunciada por Kontuz. Lo que los agentes judiciales estaban buscando son los archivos originales de las actas de la Permanente, el organismo que repartía dietas cuya legalidad está en cuestión. Estos archivos, supuestamente, servirán para determinar cuándo se redactaron las actas, ante la sospecha de que pudieran haber sido redactadas ex profeso para exonerar a Yolanda Barcina, Miguel Sanz. Enrique Maya y Álvaro Miranda.
En dos autos, la juez María Paz Benito Osés autorizó la entrada de los agentes en la sede central de CAN y citó al exdirector de la caja, Enrique Goñi, para que declare en su presencia. Goñi tendrá que acudir al juzgado en calidad de imputado el próximo día 24, con lo que su nombre se suma a la lista de imputados en la que ya se encuentran Sanz, Miranda y el alcalde de Iruñea. La citación de Goñi es escueta, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué delito le imputa la juez.
La entrada de la Guardia Civil a la sede de CAN se ordenó en un auto del pasado día 22 de abril, aunque no se autorizó hasta ayer. La juez tomó esta decisión después de que la caja se negara a aportar los documentos originales, alegando problemas técnicos y un cambio en los servidores. Es la tercera vez que la Guardia Civil acude a la entidad y su intervención siempre se ha debido al mismo motivo: la resistencia de los responsables de CAN a entregar documentos vinculados a la Permanente y las actas.
En un primer momento, los archivos originales fueron demandados por Kontuz. Sin embargo, después de recibir la negativa, la juez ha dado la orden de que se cumpla con esa diligencia porque la considera «indispensable» para la causa. También dio orden a los agentes para «informar a este juzgado del resultado de la diligencia del modo más inmediato posible».
Las firmas de Sanz y Barcina
Con estos archivos, los peritos policiales podrán determinar cuándo se crearon las actas que se aportaron al juicio. Es decir, si fueron elaboradas en su momento o todas a posteriori. Se trata de un asunto de extrema importancia, porque las actas en papel que fueron entregadas a la juez llevan la firma de Miguel Sanz y de Yolanda Barcina. Ambos fueron en su día presidentes de la Permanente y tenían la obligación de aprobar las actas, acción que realizaban estampando su firma sobre los documentos impresos. Sanz firmó las 12 primeras y Barcina las cuatro últimas (después del cambio en la Presidencia del Gobierno que conllevó un cambio de roles en la Permanente).
Los indicios de que las actas pudieran haber sido creadas ex profeso para el juicio son numerosos. Ningún miembro de la Permanente recuerda cuándo se daba el visto bueno a esos documentos, ni tiene en su poder archivo alguno que acredite que realmente se reunieron. No existen convocatorias ni correos electrónicos que contengan un orden del día sobre lo tratado en esas sesiones. Además, estas actas han sido solicitadas de forma reiterada por Bildu en el Parlamento navarro, pero el Gobierno siempre se negó a mostrarlas. De hecho, solo salieron a la luz después de que la juez enviara a la Guardia Civil a por ellas a la sede de la caja.
Fundamentalmente, el contenido de las actas de la Permanente es un corta y pega de unas presentaciones en power point que el secretario general de la caja, Alberto Pascual, elaboraba para exponerlos ante la Junta de Entidades Fundadoras. Las actas no recogen ninguna declaración de los presentes y tan solo se limitan a la fecha, la relación de personas que han acudido a la cita y el contenido de los informes de Pascual. En dos ocasiones, tan solo se recoge el nombre de los presentes y un párrafo en el que se detalla que el secretario comunicó que, desde la anterior reunión, no había ocurrido nada de relevancia en la caja. Días más tarde, la CAN les giraba a cada uno 1.717 euros (y al presidente 2.680) por no haber sido informados de nada.
En este punto, resulta particularmente llamativo que el abogado de Sanz, Eduardo Ruiz de Erenchun, haya solicitado que se determine a través del mismo método cuándo se elaboraron esos power point. Erenchun solicitó esta diligencia cuando ya era sabido que la Guardia Civil acudiría a la sede de la entidad. Si la pericial de las actas determina que fueron redactadas en su momento, la petición de Erenchun no tendría sentido alguno. De hecho, esas presentaciones se realizaron para exponerse en la Junta de Entidades Fundadoras y no en la Permanente, por lo que tampoco parece que, con los datos que se tienen a día de hoy, estos power point acrediten una redacción anterior de las actas a la que determine el análisis.
A pesar de todos estos indicios, la falsificación de las actas es un delito tan grave que supondría exponerse a un riesgo enorme. En concreto, no solo se trataría de falsificación de documento público, sino también de presentación de documento falso en causa penal. Habrá que esperar a que la Guardia Civil termine su investigación, dado que hasta ahora ni siquiera se ha sabido si han conseguido hallar los documentos que buscaban.
De otra parte, si no llegan a aparecer las actas, los miembros de la Permanente no tendrían modo de justificar los cobros. Aunque todos han devuelto el dinero, la multa podría ser del triple y llevar aparejada otro tipo de sanción. Además del escándalo y el castigo político.
El último presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, acudió ayer a los tribunales para declarar sobre el chantaje que, supuestamente, el diputado Santiago Cervera intentó hacerle. Asiáin no quiso revelar el contenido de sus declaraciones ante el juez, pero aseguró que está muy satisfecho sobre cómo está llevando la instrucción, en la que él está personado como acusación particular.
Asiáin sustituyó a Sanz como presidente de CAN tras el proceso de «despolitización» de Caja Navarra. A finales del año pasado y cuando estaba de vacaciones en Canarias, recibió un anónimo en el que se le amenazaba con hacer público que su hijo (abogado) cobraba por realizar desahucios de Caja Navarra si no dejaba 25.000 euros en una grieta de las murallas de Iruñea. La Guardia Civil colocó un señuelo en el lugar indicado y quien acudió a recogerlo fue Cervera.
A su entrada al tribunal, Asiáin aseguró que el juez está «enfocando perfectamente» la investigación. A.I
La juez de Iruñea ha remitido la información sobre créditos a consejeros de la caja, sus empresa y familiares para que sea investigado por peritos del Banco de España. El objetivo es constatar nuevas dádivas vinculadas al presunto cohecho.
Maya ha presentado un escrito para que se le levante la imputación. El alcalde de Iruñea es quien acudió a menos reuniones de la Permanente, pero mientras no haya certeza sobre las actas ni siquiera se puede acreditar que la Permanente se reuniera.
El «caso CAN» es tan complejo y tan amplio que se está investigando en dos salas distintas: el juzgado número 3 de Iruñea y la Audiencia Nacional. Con la imputación de Goñi ayer por la juez de Iruñea, el expresidente de CAN ya ha sido imputado por estas dos salas. Lo mismo ocurre con Miguel Sanz, que también está llamado a declarar como imputado en ambos tribunales.
Sanz está imputado en Iruñea por un presunto delito de cohecho vinculado a la prevaricación por omisión. Según la juez y las dos acusaciones (Kontuz y UPyD) Sanz no ejecutó los debidos controles sobre la CAN, desoyendo incluso los informes del Banco de España que, en reiteradas ocasiones, informó de operaciones sospechosas de realizarse con perjuicio a la caja. Una de ellas es la de Navarra Building, una sociedad en la que participaba la presidenta Yolanda Barcina y que adquirió varias sedes de CAN con el compromiso de que la caja se las seguirá alquilando durante (por lo menos) 10 años y que luego se las recomprará. Con Sanz al frente, el Gobierno navarro no realizó una sola inspección a la entidad, pese a que tenía competencias para ello.
La causa que se sigue en Iruñea fue impulsada por Kontuz, a través de una denuncia dirigida contra Sanz y Goñi. Posteriormente, la juez amplió las imputaciones Enrique Maya y Álvaro Miranda. Probablemente, Yolanda Barcina también podría acabar imputada, pero la juez no tiene atribuciones suficientes para procesar a la presidenta navarra, algo que solo puede realizar el Supremo.
La causa que se sigue en la Audiencia Nacional se centra en los posibles delitos societarios. En un principio, el caso fue activado por UPyD, que presentó una querella vinculada a la salida a bolsa de Banca Cívica. Esta causa se lleva en Madrid ya que, tras la fusión, el radio de actuación de CAN excedía al de Nafarroa. Sin embargo, el grueso de la instrucción que debe realizar el juez Eloy Velasco es un supuesto falseamiento de la cuentas de la entidad. En este punto, Velasco se ha quedado con parte de la denuncia de Kontuz en la que se detallan casos concretos de inversiones con visos fraudulentos. UPyD denunció a todo el consejo de administración de Banca Cívica, donde tres personas provenían de CAN: Enrique Goñi, el secretario Alberto Pascual y Miguel Sanz. Por el momento, solo ha trascendido que Sanz y Goñi están imputados en esa causa que va bastante más atrasada que la de Iruñea.
En último término, no se puede descartar que Barcina acabe siendo procesada en esta segunda causa. En concreto, Barcina fue presidenta de la Comisión de Control entre 2004 y 2009. Esta comisión era la que debía velar por que las cuentas de la caja reflejaran fielmente la situación de la entidad y para ello tenía atribuciones específicas. Si se determina que hubo algún tipo de falseamiento de cuentas en esos años, la presidenta navarra será una de las principales responsables de ese delito.
