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La pretensión jeltzale de levantar la torre de Abandoibarra costará 25,5 millones

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A.G. |

El delegado de Urbanismo Ibon Areso y el director del Gabinete del Alcalde Andoni Aldekoa comparecieron ayer en comisión en el Consistorio bilbaino para informar sobre el convenio suscrito en 2005 con Bilbao Ría 2000 e Iberdrola para la construcción de la torre de Abandoibarra. Tras escuchar las explicaciones dadas, Bildu estima que la apuesta política jeltzale por edificar ese rascacielos es la causa de que las arcas municipales deban 25,5 millones de euros.

Para el Gobierno Azkuna no había otra opción que el acuerdo con la multinacional eléctrica para sacar adelante la operación más arriesgada del desarrollo urbanístico de Abandoibarra, la construcción de la torre diseñada por César Pelli. La decisión de la Diputación vizcaina de desistir en sus planes iniciales, llevó al PNV a plantear a Iberdrola que se hiciera cargo del proyecto millonario.

Para ello, según explicó la edil soberanista Aitziber Ibaibarriaga a la conclusión de la comisión de ayer, el Ayuntamiento puso todos los mecanismos a su alcance, ofreciendo un acuerdo «ventajoso» a la eléctrica, del que se ha derivado la deuda de 25,5 millones que tiene ahora el Consistorio con Ría 2000. «Fue un cambio de cromos, donde tú me construyes la torre y yo te regalo 20 millones, y que ocho años después -precisó la concejal- se han convertido en 25,5 millones, derivado de la actualización del IPC».

Areso y Aldekoa negaron que esa cantidad se pueda calificar como deuda, asegurando que se tratan de «deberes» que afrontará la institución a través de instrumentos de índole urbanístico, algo en lo que discrepa Bildu. Ibaibarriaga se mostró preocupada ante la posibilidad, «más que real», de que el Ayuntamiento esté pensando en nuevas recalificaciones cuyo único objetivo sería aminorar la deuda contraída por el convenio con Iberdrola.

Desde el Gobierno Azkuna se negó reiteradamente el interés político del PNV en construir la torre, insistiendo en que se trató de una operación urbanística más en la que siguieron criterios técnicos. Ibaibarriaga les rebatió que el modelo de ciudad por el que apuestan los jeltzales, donde se benefician los intereses de empresas y no los de los ciudadanos, es la causa de que ahora se tenga que poner dinero público, «sea a través de la venta de unidades de aprovechamiento, dinero o venta de patrimonio, para saldar la deuda».

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