Iruñea fue ayer el centro de diversas movilizaciones contra las políticas de recorte de los gobiernos de Iruñea y Madrid, que están aniquilando los derechos sociales de miles de ciudadanos. Así, hicieron un llamamiento a seguir movilizándose y participar en la huelga general del 30 de mayo.

Por un lado, personas afectadas por los recortes en atención a discapacidad, dependencia e intervención social se manifiestan en defensa de los servicios sociales. Denunciaron recortes en el sector y señalaron que «empresas privadas y fundaciones gestionan inadecuadamente el dinero público o lo acumulan en beneficios, e intentan que trabajadoras y trabajadores del sector sean quienes paguen los recortes presupuestarios y su mala gestión».

Otra de las movilizaciones se centró en la sede del Gobierno navarro, rodeándola simbólicamente para declararla «zona libre de derechos». En esta línea, lamentaron que «la cruda realidad es que toda la geografía navarra se está convirtiendo en una zona sin derechos laborales y sociales».

Además, alertaron de que mientras los recortes aplicados por los ejecutivos de UPN y PP llevan a miles de personas a la «pérdida de derechos», «la corrupción es algo que ha crecido y de forma sustancial».

Detallaron que el reflejo de esa situación son «los más de 56.000 personas en paro, 11.000 familias sin ingresos, 54.000 familias dentro del umbral de la pobreza o los cientos de desahucios». Una realidad que achacaron a la «incapacidad política de UPN y su seguidismo al Gobierno de Madrid», a lo que llamaron a responder en la calle.

Renta de Inclusión Social

Entretanto, el pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad la toma en consideración de la proposición de Ley de modificación de la Ley Foral por la que se regula la Renta de Inclusión Social, presentada por PSN.

Esta iniciativa se suma a la de Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, admitida en el pleno del pasado día 11, por lo que la idea es que ambas se debatan en el seno de una ponencia que los grupos políticos piden que se convoque cuanto antes.

El representante de Bildu Bikendi Barea subrayó que el objetivo es «paliar una situación injusta» e incidió en la necesidad de cambiar la ley con urgencia para dotar de garantías a la renta básica.