CCOO, UGT, CEOE y CEPYME ratificaron ayer tarde en Madrid el preacuerdo alcanzado el martes para evitar que el próximo 8 de julio se queden sin efecto los convenios que en esa fecha lleven negociándose un año y que no hayan podido ser renovados, tal y como establece la última reforma laboral.

El preacuerdo dejaba en el aire su posible aplicación en las empresas vascas, algo que rechazó el presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Tomás Arrieta, quien señaló que en Euskal Herria debería tratarse en cada mesa de diálogo sectorial.

Las patronales españolas divulgaron una nota en la que reconocen que el acuerdo establece «criterios orientadores», mientras el representante de UGT, Toni Ferrer, respondió que el acuerdo es de «obligado cumplimiento» para las distintas organizaciones que integran los sindicatos y las patronales firmantes y que su incumplimiento podría conllevar obligaciones jurídicas.

«Consolida la reforma»

En una valoración de urgencia, el sindicato LAB afirmó que el preacuerdo no resuelve la ultraactividad y «responde más al interés por consolidar la aplicación de las reformas laborales» que al de «combatir eficazmente sus efectos».

La central abertzale añade que el acuerdo «carece de eficacia vinculante alguna», por lo que se le otorga «una virtualidad que no tiene», algo que «solo sirve para generar falsas expectativas por quienes han hecho del denominado diálogo social un fin en sí mismo».

ELA aseguró que el acuerdo «deja las cosas como están» y constituye una «mera declaración de intenciones. «Son meras recomendaciones, que no tienen rango legal. Queda en manos de la patronal de cada sector o territorio la aplicación de lo acordado», añadió.

En relación a la ultraactividad, a juicio de ELA, se dice que la vigencia del convenio se prorrogará si hay acuerdo de las partes, «lo cual es obvio». Por lo tanto, sostiene que, para ello, «no es necesario este acuerdo», ya que es «lo que marca la ley».

FVEM: «Prolonga la tensión»

La patronal del sector del Metal de Bizkaia (FVEM) tampoco acogió de buen grado el pacto alcanzado en Madrid al considerar que «es una decisión más para la galería que efectiva» y que «no evita nada».

Para la patronal vizcaina, «el dar más tiempo para llegar a un acuerdo lo que hace es retrasar la solución y prolongar la tensión de la negociación».

Por su parte, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, explicó que se están analizando los efectos que puede tener en los más de 300.000 trabajadores de la CAV afectados, pero, en todo caso, abogó por que se alcance un acuerdo similar entre patronal y centrales vascas.

«Si se ha logrado en España entendemos que debería ser posible hacerlo en Euskadi», defendió el consejero, quien pidió a las partes que «aparquen sus diferencias de otro calibre» y que actúen con «altura de miras».