El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sigue dilatando su decisión sobre la central de Garoña. La reunión de ayer, la tercera de esta semana, también se cerró sin acuerdo, por lo que los cinco consejeros retomarán las deliberaciones hoy por la mañana. Los dos representantes del PP, dos del PSOE y el de CiU tienen sobre la mesa la solicitud cursada por Nuclenor (propietaria de la central y participada al 50% por Iberdrola y Endesa) para obtener un año más de plazo de cara a renovar su licencia. Su decisión fijará la posición del Gobierno español. No obstante, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ya se ha mostrado partidario de que la central siga funcionando siempre y cuando «cumpla» con los requisitos de seguridad que plantee el órgano regulador. Un posicionamiento que ha generado un fuerte rechazo en Euskal Herria. Tanto EH Bildu como el PSE y Ezker Anitza instaron ayer a que se mantenga el 6 de julio como fecha definitiva para cerrar la central más antigua del Estado.

Tras más de cinco horas reunidos, los miembros del CSN no llegaron a un acuerdo. En el fondo, el representante de CiU tiene un papel determinante, ya que el PP no ve con malos ojos que Nuclenor pueda seguir operando mientras que el PSOE se ha manifestado en contra. Tampoco se pueden obviar las buenas relaciones que mantiene esta formación con el PNV, por lo que la opinión de los jelkides será tomada en cuenta. No obstante, no ha trascendido nada sobre el contenido del encuentro. La decisión lleva pendiente desde el lunes, cuando el órgano regulador se reunió de urgencia por primera vez. Desde entonces ha aplazado fijar una posición solicitando más informes técnicos.

El encuentro de ayer del CSN vino precedido por una reunión del Comité Asesor para la Información, cuyos miembros destacaron la importancia de que el órgano nuclear defienda su «independencia». Todos sus integrantes reafirmaron su apoyo a los consejeros. No obstante, el movimiento ecologista, representado por Greenpeace y Ecologistas en Acción, expresó su preocupación ante una posible prórroga y anunció que exigirán información detallada en caso de que la planta siga adelante. Según citaban las agencias españolas, Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, y Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, reconocieron que la situación de la central burgalesa estaba «en el ambiente». No obstante, aclararon que Fernando Martí, presidente del CNS, evitó referirse concretamente al caso debido a que este se encuentra «sub judice».

Iniciativas en Euskal Herria

La posibilidad de que la actividad de la central se mantenga ya ha generado una fuerte oposición en Euskal Herria. La primera, la del diputado general de Araba, Javier de Andrés, quien aseguró que pedirá explicaciones al ministro de Industria, José Manuel Soria, y le interrogará sobre las «razones que han motivado este cambio».

Tanto EH Bildu como PSE y Ezker Anitza mostraron su rechazo a mantener la actividad nuclear en Burgos. La coalición abertzale, a través de una nota, reclamó una «declaración institucional» en Araba para «denunciar y reprobar la irresponsable actitud del Gobierno español», a quien acusan de «plegarse» a los intereses de las eléctricas. La coalición soberanista presentó un texto de seis puntos ante las Juntas Generales de Araba en el que califican la posición de Madrid de «ofensa» a las demandas de la población alavesa. También el PSE anunció que presentará su propia iniciativa ante las JJGG de Araba. Ezker Anitza, por su parte, censuró la «tibieza» del Gobierno de Lakua.