Asistimos a un cambio de perspectiva. Cada vez son más las voces que se han sumado a la crítica de las políticas oficiales. La lectura es clara: la «guerra contra las drogas» no he servido ni para evitar su distribución ni para reducir su consumo. Más bien lo contrario. El daño a la población ha sido mayor con sustancias cada vez más adulteradas y el control social se ha multiplicado. La consecuencia ha sido el enriquecimiento, la profesionalización y radicalización de las mafias, la entrada en la vida política y económica en sus países del dinero del narcotráfico y el desembolso de cantidades enormes de dinero en seguridad. Gana batallas pero pierde la guerra.

Los platos rotos los paga el último eslabón de la cadena: el menudeo y las personas usuarias. Nos vemos abocados a la ilegalidad y sus consecuencias: adulteración, estigmatización social, multas o cárcel. El 50% de las mujeres encarceladas en el estado español lo está por delitos contra la salud pública.

La evolución del debate actual tiene que ver con la cobertura legal para el uso y comercialización del cannabis; y con la iniciativa política. Hay que centrarse en el cómo. Plantear alternativas a la actual situación legal es una solución a medias mientras no exista una ley que regule el mercado.

Como personas adultas, responsables, usuarias y críticas con el uso dañino de las sustancias, tenemos derecho a elegir el cómo, cuándo y dónde usar drogas de forma regulada, como con el alcohol o tabaco. Lo contrario no funciona. Las personas usuarias somos las más preocupadas en preservar nuestra salud. Por eso, mientras hablan, podemos ir abriendo camino. Y es que el tiempo nos ha dado la razón. Han ganado batallas pero... la guerra, la guerra la perdieron desde que la plantearon como «guerra».