Amaiur denunció ayer, a través de un comunicado, que en el informe sobre el sistema de pensiones de los expertos «no hay nada de imparcial» ya que, entre otras cuestiones, está compuesto «en su gran mayoría -nueve de doce- por personas directamente relacionadas con la patronal de seguros -Unespa-, la banca -BBVA, Caixa- o grandes multinacionales -Repsol e Iberdrola-».

Entre otras medidas, el informe propone que las pensiones solo aumenten si los ingresos del sistema suben por encima de la tasa de crecimiento real del número de pensiones.

La coalición soberanista advierte de que «nada hay de imparcial en su informe, pues se ha jugado con árbitros comprados y cartas marcadas. Al margen de cómo se concreten finalmente los distintos componentes del factor de sostenibilidad al que se refiere el informe, es evidente que su aplicación va a suponer un fuerte recorte de las pensiones actuales y futuras», señala.

A su juicio, lo que se busca no es garantizar la sostenibilidad de las pensiones, sino reducirlas a «mínimos de subsistencia», para así obligar a los ciudadanos a acudir a los fondos de pensiones privados. «Pero lo que nosotros reivindicamos son unas pensiones dignas y suficientes y no un sistema asentado en la mera subsistencia, la beneficencia y las limosnas públicas», añade.

Asimismo, recalca que la crisis es consecuencia directa de la existencia de seis millones de parados, «con la consiguiente merma de ingresos y aumento de gastos que esto supone para las arcas de la Seguridad Social».

Ante esta situación Amaiur defiende que cada día que pasa es «más evidente» la necesidad de «cortar amarras» con el Estado. Por ello, la coalición reitera la petición de soberanía plena para Euskal Herria en materia de Seguridad Social a fin de construir un sistema público de pensiones propio asentado sobre parámetros de «solidaridad, dignidad y justicia social».

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Oskar Matute criticó que la comisión de expertos ha dado «cobertura legal a lo que ya venía haciendo este Gobierno: bajar las pensiones». Además, advirtió que la garantía de las pensiones «no es un problema técnico, es político» y denunció que recurrir a doce expertos para hacer un informe sobre las pensiones son formas «nada democráticas», ya que ese comité «no ha sido democráticamente elegido por nadie».

Críticas de PNV y PSE

Al igual que Matute, que reclamó un debate sobre un sistema público vasco de pensiones «que garantice la devolución de derechos», también el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, rechazó el informe de los expertos y defendió la posibilidad de establecer un sistema gestionado desde Euskal Herria afirmando que es totalmente viable, puesto que, «si la clave del mantenimiento de pensiones está en el valor de la población activa o paro, comparativamente con España, con menos paro, el sistema tendría más garantía de viabilidad que el español».

Respecto a las recomendaciones de los expertos, alertó de que «si tomáramos una pensión base, que no se actualiza con el IPC, sino conforme a la salud de las cuentas y se aplica una tabla de rebaja en la pensión inicial ligada a esperanza de vida, lo que estaríamos haciendo es programar una agonía».

Manifestó que si lo que se pretende es que el sistema de pensiones se autofinancie «tendrá que tener alguna corrección». No obstante, remarcó que el problema es el paro, por lo que la llave está en la «reactivación de la economía para que cada vez haya más cotizantes».

Por su parte, el secretario general del PSE de Araba, Txarli Prieto, afirmó que el futuro de las pensiones «no es un problema de expertos, sino de país», por lo que indicó que el resultado final del debate sobre las pensiones deberá ser consultado a la ciudadanía.

Además, apuntó que «el problema de fondo es un reparto injusto de la riqueza, una desviación en los últimos cinco años hacia un capital especulativo tremendo para llevar al negocio privado las pensiones».