La denuncia que se presentará esta semana ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, va contra el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Nafarroa, cuyo titular es Javier Morrás, y el objeto de la misma es la nueva «Autorización Ambiental Integrada concedida a la cementera de FCC de Olazti».

Los denunciantes son padres y madres de las zonas afectadas por la actividad de la fábrica de Portland de Olazti, que sigue reuniendo adhesiones a la denuncia. Quieren que se juzgue el apoyo dado por el Ejecutivo de Yolanda Barcina a «un proyecto de gestión de residuos en una ubicación tan próxima a las poblaciones humanas, que hace incompatible el proyecto con la protección de la salud de las personas y el medio ambiente».

Plantean, asimismo, la «incompatibilidad» de dos ex altos cargos del Gobierno navarro contratados por Cementos Portland Valderrivas.

Acto informativo en Altsasu

En un acto celebrado la tarde del pasado viernes en Gure Etxea de Altsasu, Fernando Palacios, científico titular del CESIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), explicó las líneas generales de una denuncia que pone de relieve que la actuación del Ejecutivo navarro en este procedimiento ha sido «premedi- tada y no existe ningún atenuante por desconocimiento ni por ningún otro motivo». Los denunciantes sostienen, asimismo, que «la defensa del interés público no pasa por desarrollar una legislación contraria a los preceptos establecidos en la legislación de referencia» y hacen constar la «obligatoriedad» de abrir canales de participación pública por medio de consultas en procedimientos que determinan el emplazamiento para la gestión de los residuos.

En la misma denuncia se apunta a la irresponsabilidad de cargos públicos y administrativos para con la salud de los ciudadanos y sus recursos, al tiempo que sostiene que el Gobierno de Nafarroa «ha actuado con total parcialidad con respecto a Portland».

La denuncia recoge también el gran rechazo existente entre la ciudadanía, instituciones y agentes sociales ante la «imposición» del proyecto.