A la espera de conocer la decisión que toma la juez sobre cuándo se elevará el «caso CAN» ante el Tribunal Supremo, la asociación Kontuz ha llamado a una gran manifestación para pedir que Yolanda Barcina dimita y conseguir que se la juzgue en Nafarroa. Kontuz instó a «dejar en casa los colores políticos» y anunció que intentará que la marcha obtenga el mayor respaldo posible, hablando con todas las formaciones y agentes sociales para que secunden la protesta. También lanzó un llamamiento a los sectores críticos de UPN y PSN, los dos partidos a los que acusó de querer mantener a oscuras a la ciudadanía navarra sobre lo ocurrido en la CAN.

El portavoz de la asociación sin ánimo de lucro, Patxi Zamora, denunció que «pese a las evidencias y las dietas dobles y triples, pese a la aparente falsedad de las actas» la presidenta navarra no se ha decidido a dimitir, para «alejar de Navarra el juicio». Zamora considera un escándalo que, después de todo lo que se ha averiguado durante la instrucción, los imputados se mantengan en sus puestos. En particular, recordó que Miguel Sanz dirige la sociedad semipública Audenasa y es presidente de Bodegas Sarría, Álvaro Miranda regresa a su puesto de funcionario, Enrique Goñi se mantiene con un puesto en Criteria (la sociedad de Caixabank que gestiona los activos comprados a CAN) y Enrique Maya continúa de alcalde en Iruñea.

El objetivo de la manifestación es «que Barcina tenga que defenderse como uno más, sin privilegios». Kontuz afirmó que Barcina sueña con que el caso «sea archivado en Madrid o se dilate en el tiempo hasta dormir el sueño de los justos». Para ello, «se está aferrando a una poltrona que no es suya, sino de todos los navarros».

Los últimos cabos sueltos

El proceso está a la espera de que la juez decida si manda todo ya al Supremo (que previsiblemente aceptará todo el caso para, después, decidir si sigue adelante con la imputación de Barcina o lo archiva) o se espera a conocer el resultado de las pruebas que ya están solicitadas. Kontuz lanzó la voz de alerte en sus alegaciones de que existe un crédito de 16,25 millones de euros al editor de «Diario de Navarra» que no habría pasado por los controles pertinentes. Asimismo, considera crucial cotejar la autenticidad de las actas que fueron entregadas al juzgado, dado que parecen haberse redactado cuando la Permanente ya no existía. Esos documentos llevan la firma de Sanz y de Barcina, por lo que la eventual falsedad de los mismos podría afectarles.

Asimismo, la postura del fiscal quedaría en evidencia si se prueba que las actas no se redactaron en su momento, dado que se apoya en su existencia para sostener que no hay delito en el cobro de los más de 100.000 euros en dietas.

La juez pretende ir al Supremo con una instrucción centrada en las dietas, aunque en principio instruye también la causa por un delito de prevaricación por omisión, así como los créditos que, en los últimos años, recibieron consejeros de la caja, sus familiares y empresas. La juez entiende que los cobros en la Permanente suponen cohecho pasivo impropio. Su último auto no recoge nada sobre los créditos a consejeros o la prevaricación, pero tampoco los descarta, por lo que todavía no está claro cómo va a actuar.

UPyD ha solicitado que esa exposición motivada -que, antes o después, se enviará al Supremo- incluya la prevaricación por falta de inspecciones. Pero también quiere que la causa se retenga aquí un poco más, e incluso ha pedido nuevas diligencias.

Sin embargo, a estas alturas del procedimiento, no es usual convencer a un juez para que practique nuevas pruebas.

Las defensas tendrán su oportunidad de recurrir cuando la juez redacta la exposición motivada (la explicación que se envía al Supremo donde se le detallan los motivos que sustentan la causa y el por qué es necesario que Barcina declare como imputada). Según parece, calcarán la argumentación del fiscal.