El consejero de Empleo garantizaría las pensiones con nuevos impuestos
El debate sobre el futuro de las pensiones no pasó desapercibido para el consejero de Empleo, Juan María Aburto. Tachó de poco serias las conclusiones del «comité de sabios» sobre el futuro de las pensiones y dijo, en tono peyorativo, que «mi hijo pequeño llega a las mismas». Para él, son necesarias tres medidas: aumentar las cotizaciones sociales, establecer un impuesto para la época de vacas flacas y crear empleo. Exigió la transferencia de la Seguridad Social.
Juanjo BASTERRA |
El consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Gasteiz, Juan María Aburto, aseguró que para garantizar el sistema público de pensiones habrían de adoptarse, al menos, tres medidas directas: «aumentar las cotizaciones sociales; generar un impuesto que garantice una bolsa para cuando el sistema no dé por la crisis -como puede ser ahora-; y la generación de empleo, porque así habría más cotizantes a la Seguridad Social». No obstante, admitió que «no soy un sabio, sino un simple consejero».
Aburto, además, reclamó «el cumplimiento del Estatuto de Gernika y que se nos permita el régimen económico de la Seguridad Social, como indica la ley de hace 34 años». Bajo esta premisa, «el futuro incierto de las pensiones estaría despejado ahora que todos abogamos por la defensa del Estatuto como punto de encuentro, qué mejor punto de encuentro que hacer viable ese Estatuto», añadió.
«Poco serio»
El consejero compareció en un acto de la Fundación Gaztempresa de Laboral Kutxa. Interpelado por las conclusiones del «informe de los sabios» sobre el destino futuro de las pensiones, explicó que «no he leído el informe». Añadió -matizando que a título personal- que «si seguimos así, está claro que bajan las pensiones. No hace falta ser sabio. Mi hijo pequeño también es capaz de sacar esa misma conclusión».
A su juicio, ese grupo de expertos «es poco serio», porque «las pensiones son un pilar del bienestar social, un bien a preservar». Juan María Aburto dijo que la pregunta que hay que solventar es «qué se debe hacer para para que sea preservable el futuro de las pensiones».
A su juicio, desde 1919 «cuando se instauró la edad de jubilación a los 65 años, «la vida ha cambiado mucho. Habrá que introducir otros factores y modificaciones». También criticó que «no se permita desde Madrid a las administraciones públicas vascas, sabiendo que somos un país pionero en negociación colectiva y de entidades de previsión social voluntaria, que aportemos las cantidades que nos corresponden para complementar las pensiones. Es sarcástico», remarcó el consejero.
«Saliendo de la crisis»
Po ru parte, el secretario de Organización del PSE, Rodolfo Ares, preguntó ayer al Gobierno de Rajoy por qué hay que abordar una reforma de las pensiones si, como asegura, el Estado español está saliendo de la crisis y va a haber más ingresos.
Dijo que el informe del comité de sabios es «un informe de parte, porque la mayoría de los que especialmente se pronuncian a favor, tienen una vinculación a aseguradoras privadas»
Manifestó que el PSE «seguirá defendiendo el sistema de pensiones, el estado de bienestar que tanto ha costado poner en marcha al conjunto de la ciudadanía», y unas pensiones «dignas para el conjunto de la ciudadanía, especialmente para aquellos que más necesitan».
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, desautorizó ayer responsable del gabinete económico del sindicato, Miguel Angel García, que es también el representante de la central en el comité de expertos que ha elaborado para el Gobierno español un informe favorable a la reforma de las pensiones
Toxo afirmó que el voto afirmativo de García a una reforma que determinará el crecimiento anual de las pensiones de acuerdo con los ingresos disponibles en el sistema público y no con arreglo al IPC, no recoge la opinión de CCOO y que no se sienten «vinculados en absoluto» a él.
Desde el «sector crítico» de este sindicato hicieron pública una nota en la que abogan por la «descalificación pública del representante de CCOO en el comité, que ha adoptado dicha posición» y exigieron la adopción de «las responsabilidades oportunas».
Por su parte, Cándido Méndez, secretario general de UGT, cuyo representante votó contra el informe, advirtió al Gobierno español de que «no sería una buena práctica parapetarse en los expertos para tomar una decisión política» y le exigió que diga ya qué reformas va a plantear en relación con las propuestas recibidas.
Entretanto, la ministra española de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,, tras calificar de «técnicamente robusto» el informe, declaró que el Ejecutivo de Rajoy tratará de buscar «el mayor de los consensos, tanto con los grupos parlamentarios como con los agentes sociales con el objetivo de que la reforma de las pensiones lleve a un sistema seguro y sostenible en el medio y largo plazo». GARA
