El vendaval de la crisis económica, aderezado en muchas ocasiones por una pésima gestión, ha llevado a decenas de empresas a una situación que raya lo insostenible, hasta el punto de que en los últimos años han sido muchas las que han echado el cierre. En algunos casos, porque ya no daban más de sí; en otros, demasiados, porque sus propietarios no querían que diera, al encontrar más ventajoso para sus bolsillos una deslocalización o una lucrativa liquidación. Los principales damnificados de esta secuencia están siendo los trabajadores y trabajadoras, que se ven abocados a luchar por sus puestos frente a una legislación laboral cada vez más escorada hacia el lado de la patronal y a unas instituciones acomodadas a un papel de meras comparsas de la clase empresarial.

Pero no solo les afecta a ellos. El paulatino cierre de fábricas está ocasionando el desmantelamiento del tejido industrial de este país, cuando ha sido ese sector el que, a duras penas, ha mantenido a flote nuestra economía y ha ejercido de cortafuegos frente al desempleo. En estos momentos, de forma más queda que hace unas décadas pero no menos peligrosa, estamos asistiendo a un proceso de desertización en el sector secundario que puede dificultar la salida de la recesión e hipotecar el escenario posterior a la crisis.

En este contexto, el papel que están ejerciendo las plantillas de algunas de estas empresas es loable. Hace unos días la Ertzaintza desalojó a varias decenas de personas de la planta de Troquenor, donde permanecían encerradas en defensa de sus puestos trabajo y también para salvaguardar el patrimonio de la factoría, cuya viabilidad han defendido insistentemente. Lo mismo puede decirse de los trabajadores de Alfus, Incoesa, Inasa, Parot, Virtisú... Son los propios obreros los que velan por el mantenimiento de las empresas, confiados en su futuro, a diferencia de sus dueños y de las instituciones. Se han erigido en auténticas murallas humanas contra el desmantelamiento industrial.