Tras la detención de Urtza Alkorta el pasado 15 de mayo en Ondarroa, el Gobierno de Gasteiz justificó la operación de la Ertzaintza con el argumento de que ese cuerpo policial tiene la obligación de obedecer los requerimientos judiciales, dando a entender que la actuación de la Ertzaintza fue el resultado del cumplimiento de una orden de la Audiencia Nacional. Dejando de lado la capacidad o voluntad de Lakua para hacer frente a una dinámica represiva fuera de lugar, dicha justificación ha resultado inaceptable por la falsedad de su argumentación. La orden de detención de Alkorta iba dirigida a la Policía española y a la Guardia Civil, y la Audiencia Nacional la dejó sin efecto tras la comunicación de la Ertzaintza de que iba a proceder a esa detención en el muro popular que protegió a la joven ondarroarra hasta su apresamiento. Está claro, por tanto, que esa operación no obedecía a obligación alguna, sino a la propia intención de la Ertzaintza de llevarla a cabo. Por tanto, no es de recibo la incondicional defensa de esa intervención por parte de Lakua diciendo que la Ertzaintza no tuvo más remedio que hacer algo que llevó a cabo motu proprio.

Ayer EHBildu pidió explicaciones a la consejera de Seguridad de Lakua, y es de esperar que las dé, pero también que sean más convincentes que la justificación de la detención de Alkorta.