Alain Rousset (PS), presidente del Consejo de Aquitania y acérrimo defensor del TAV, fue el máximo promotor de la forma de financiar el proyecto. Para entonces, el Estado ya estaba dando largos en sus compromisos para el primer tramo del eje atlántico (Tours-Burdeos). Dicho tramo interesa sobremanera al presidente aquitano, porque completaría la línea rápida que le une a París. Así que está actualmente en construcción gracias, entre otros, al dinero de los propios ciudadanos vascos.

Y es que el modo de financiación acordado con la empresa pública RFF (Red Ferroviaria de Francia) implicó la aportación financiera de decenas de instituciones locales. Entre las que afectan a los ciudadanos de Ipar Euskal Herria que contribuyen con sus impuestos a esas obras, se apeló a los fondos del propio Consejo Regional -que puso a disposición 306 millones de euros-, del Consejo General de los Pirineos Atlánticos, de la Mancomunidad de Aglomeración de Baionaldea (ACBA) y de la de Hego Lapurdi.

La condición para participar en esa «solidaridad financiera» fue que se garantizara que, cuando llegara el turno de construir el tramo labortano, todas las instituciones locales del eje atlántico también participarían en los costes del mismo.

A regañadientes

El plan del presidente aquitano tuvo, sin embargo, sus detractores, empezando por su homóloga de la región Poitou-Charentes y compañera de partido, Segolène Royal, que se negó a contribuir económicamente por estimar que es el Estado quien debe hacerlo.

Otras colectividades territoriales también declinaron pagar su parte alicuota y muchas más lo hacen a regañadientes. Es el caso de la Mancomunidad de aglomeración de Pau, comprometida a aportar 21 millones de euros y que, a pesar de haber intentado soslayar su compromiso, ha tenido que retirar del presupuesto de este año 6,7 millones de euros para invertirlos en el nuevo ferrocarril Tours-Burdeos.

En lo que respecta a Ipar Euskal Herria, las garantías no parecieron suficientes por mucho que apareciesen en los convenios oficiales aprobados por las diferentes instituciones. Por ejemplo el propio Consejo General de Pau no empezó a tributar en la hucha común hasta que llegó su presidente actual, el también socialista Georges Labazée. De hecho, fue una de sus primeras decisiones. En abril de 2011 se comprometió a aportar 79,8 millones de euros en cinco años, y desde entonces está cumpliendo con la parte de contrato (16 millones este año), convencido de que la alta velocidad arribará también a la capital bearnesa. No obstante, en caso de confirmarse las últimas noticias parece que su gozo se quedará en un pozo, ya que la línea no pasaría por Pau.

Más desconfiada ha sido la mancomunidad de Baionaldea, que ya en septiembre pasado suspendió el pago escalonado de su parte (26,1 millones de euros) ante la falta de de garantías de que la nueva línea y una estación específica en Baiona llegasen a realizarse.

La mancomunidad Hego Lapurdi no ha abonado un euro de los 9,2 millones que se le reclamaron. Es, junto a la de Aturri y Errobi-Aturri, contraria a construir una nueva línea del TAV.