Dicho convenio, firmado el pasado martes por el Poder Judicial, Eudel y el Ejecutivo autonómico, se ha promovido «al margen de los afectados» y será «ineficaz», denunciaron la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los colectivos Stop Desahucios.

Argumentaron que en dicho convenio no existe «ningún compromiso de las entidades financieras en cuanto a reducir los intereses o el capital a amortizar, aceptar las daciones en pago y el alquiler social».

Para estos colectivos, «el problema debe atacarse de raíz impidiendo que las entidades financieras sigan ejecutando hipotecas mientras mantienen miles de viviendas vacías». «¿Cómo puede ser -se han preguntado- que el PNV que, junto con el PP, controla Kutxabank, principal entidad desahuciadora, proponga un convenio sin hacer nada en dicha entidad?».

Los afectados señalaron también que los jueces «tienen en su mano paralizar automáticamente todos los procedimientos» de desahucio.

Piden una prórroga

Por otra parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pidió en Madrid a los grupos parlamentarios que reclamen al Gobierno español que amplíe el plazo fijado en la ley antidesahucios, que terminó el 17 de junio, para que las familias puedan pedir la suspensión de procesos por haber firmado contratos con cláusulas abusivas.

Un grupo de representantes de la plataforma registró en el Congreso de los Diputados cartas dirigidas a todos los grupos , en las que proponen un nuevo plazo, de otros 60 días, para presentar «el incidente extraordinario de oposición» previsto en la ley, que suspende el curso de proceso mientras se resuelve el incidente.

En el escrito, la PAH señala que «el plazo fijado por el Gobierno puede calificarse de sumarísimo y provocará que miles de familias no puedan defenderse de mínimamente de los abusos cometidos por las entidades financieras».