La Corporación municipal de Larrabetzu nombró ayer en pleno extraordinario «ciudadanos de honor» a los milicianos asturianos muertos en combate y enterrados en Bolunburu, un paraje a las afueras de la localidad vizcaina. Además de los representantes municipales y muchos vecinos, al acto institu- cional acudieron cerca de 40 familiares de aquellos luchadores antifranquistas, así como la alcaldesa de Castrillón, un concejo asturiano.

A la conclusión de la sesión plenaria, la comitiva se dirigió a Bolunburu, en una de cuyas trincheras fueron sepultados los restos de los milicianos que defendieron Larrabetzu una vez que las tropas fascistas lograron romper el frente. Allí, se procedió a la inauguración de un monolito en memoria de los allí caídos, y se efectuó un acto de recuerdo por parte de los presentes, donde no faltó el aurresku de honor.

A unos kilómetros de Larrabetzu, en Artxanda, ante la escultura de la Huella, gudaris y milicianos fueron también recorda- dos en un acto, al que acudieron el portavoz del Ejecutivo de Lakua, Josu Erkoreka, y el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. En su alocución ante los presentes -entre los que se encontraba también la parlamentaria del PSE Idoia Mendia y el presidente de la Fundación Sabino Arana Juan María Atutxa- José Moreno, presidente de Aterpe, pidió justicia, ya que el Estado español «es el único país de Europa en que todavía siguen mandando personas que en su momento se levantaron contra la democracia y la libertad de los pueblos».

En Lodosa

En Lodosa, 34 años después de que el pueblo recuperase de las cunetas y dignificara los cuerpos de los 131 hombres y mujeres fusilados por los fascistas, el Ayuntamiento tributó un acto de reconocimiento a aquellos vecinos «que fueran asesinados por pensar diferente».

El Consistorio recogió el testigo de tantos familiares y anónimos voluntarios que en 1979 ayudaron a investigadores comandados por José María Jimeno Jurío en la búsqueda de los restos de los represaliados. En el mismo acto, se volvió a insistir en la condena que efectuó el Ayuntamiento del golpe militar de 1936, razón de la brutal represión de la que fueron víctimas aquellas mujeres y hombres, así como sus familias.