El contenido de la caja de facturas de Bidegi etiquetada como «gastos varios» es indicativo del destino que algunas instituciones han dado al dinero de los contribuyentes durante años. En este caso, la evidencia de un uso particular de los fondos públicos es sonrojante, y los datos aportados ayer por la responsable de Movilidad e Infraestructuras Viarias merecen una respuesta más sensata que la ofrecida por la juntera jeltzale Aintzane Oiarbide, que hizo suyo un amaño tan recurrente como tratar de restar credibilidad al mensajero, la empresa consultora, y calificó de «show» la exposición de la diputada.

Se equivoca Oiarbide y se equivoca su partido si optan por seguir la misma estrategia que han mantenido otras formaciones en parecidas circunstancias. Lo ocurrido durante la pasada legislatura en el organismo que gestiona las carreteras guipuzcoanas es cuando menos reprobable, y tiene la entidad suficiente para que nadie intente despacharlo como una anécdota o como un capítulo más en la pugna partidista. No, gastar miles de euros del erario en artículos de lujo de uso privado, en «complementar» sueldos sin justificación o en pagar obsequios a cargos públicos es algo muy serio. Mención aparte merecen los diez mil euros sin justificar que el exdirector de Bidegi, Borja Jauregi, cargó como gastos de desplazamiento en solo dos años.

La sociedad está harta de comportamientos impúdicos por parte de quienes se presentan ante ella como sus servidores, y tiene motivos de sobra para estarlo. Los casos de corrupción o de uso indebido de bienes públicos se han hecho tan comunes en el paisaje institucional que la percepción mayoritaria es la de un sistema carcomido hasta los cimientos, en el que unos pocos medran a costa de la mayoría. Por eso este tipo de actitudes debe ser abordado con rigor y contundencia, porque una cosa es que la vocación de servicio público sea para algunos políticos un sarcasmo y otra que malgastar el dinero de todos y todas salga gratis.