La Troika marca el paso de nuevo. Tras la reforma laboral, la financiera y los mil y un recortes sociales, les toca de nuevo el turno a las pensiones. Los hachazos de 2011 no son suficientes. Dicen que el sistema no es sostenible. La misma cantinela de siempre. Lo que no dicen es que la mayor parte del dinero que rascan de lo público es para pagar intereses a banqueros y especuladores y tapar los estropicios de la banca cementera.

El debate está mal planteado. No hay que hablar de pensiones, sino de pensionistas. Las pensiones se expresan con números, estadísticas, proyecciones. Los pensionistas, con nombres y apelli- dos. Por encima de todo son personas con derechos, con dignidad, con familias. Más que de la sostenibilidad de las pensiones hay que hablar de la sostenibilidad de los y las pensionistas, y esto exige plantear un punto previo de debate. ¿Qué importe de una pensión garantiza un nivel de vida digno y suficiente?

Hice esta pregunta en una sesión de trabajo de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso a varios de los «expertos» de la Comisión nombrada por el Gobierno del PP para elaborar una propuesta sobre el «factor de sostenibilidad» de las pensiones, y nadie contestó. Pregunté también qué opinión tendrían si fueran ellos los que se jubilaran con una pensión de 700, 800 o 900 euros al mes, y de nuevo dieron la callada por respuesta. Siguieron hablando de sus gráficos, sus previsiones demográficas, sus modelos «alemán», «sueco»...

Se definían como «técnicos» e «independientes» pero lo cierto es que era clara -nunca lo desmintieron- su vinculación con la patronal de seguros, la Banca y los distintos chiringuitos montados por estos para crear opinión y extender alarmas sobre la «inviabilidad del régimen de pensiones». El fraude era evidente. Las cartas estaban marcadas, los dados plomados y las normas de juego habían sido fijadas unilateralmente por la dirección del Casino, es decir, el Gobierno del PP. ¿Qué podía salir de ahí?

No son las pensiones las que están en peligro, sino los pensionistas. El gasto total destinado a aquellas en el Estado español, inferior al 11%, está 3-4 puntos por debajo de Francia, Alemania, Italia, Grecia y Portugal, y es dos puntos menor que el promedio de la UE-27. A diciembre de 2012, la pensión media en el Estado español era de 955 euros/mes y 6,6 millones de pensionistas cobraban menos de 1.000 euros. Gran parte de ellos malviven con pensiones de 400, 500, 600 euros. En el caso de las mujeres, los promedios bajan un 40% y la pobreza es norma general en sus pensiones de viudedad.

Por si esto fuera poco, las reformas realizadas en los últimos años, desde la de 2011 suscrita por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Gobierno del PSOE hasta las últimas del PP, pasando por las congelaciones y recortes habidos, han reducido un 20-25% el volumen global de las pensiones. A ello quieren sumar los expertos casi otro tanto más en las próximas décadas. Pensiones indignas por mucho que traten de confundirnos con sus cifras.

Junto a ello, hace tan solo unos días, la operadora bursátil Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha señalado que en los últimos cinco años de crisis los beneficios de las empresas cotizadas en Bolsa han sido superiores a los obtenidos en el quinquenio anterior. La rentabilidad por dividendo obtenida en el Estado español está por encima de los mercados alemán, francés o estadounidense. Es decir, se están forrando.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en las últimas décadas -también durante la crisis- el reparto del Producto Interior Bruto ha sido cada vez más favorable a las rentas del capital y más desfavorable para las del trabajo. La patronal ha pillado un pedazo del pastel cada vez más grande. Por su parte, según la consultora Capgemini, las fortunas millonarias en el Estado español han crecido durante 2012 un 5,4%. O sea, lo de siempre, la insultante riqueza de unos pocos se alimenta de la escandalosa pobreza de unos muchos.

Pregunté también al secretario general de la CEOE, Sr. Lacasa Aso, en relación al hecho de que cuando la sostenibilidad de la Banca esté en cuestión se acuda a rescatarla públicamente con cientos de miles de millones de euros y, sin embargo, cuando es el sistema de pensiones el que tiene problemas, se meta mano en los bolsillos de nueve millones de pensionistas. Tampoco hubo respuesta. Me entraron ganas de decir que, en vez de rescatar bancos y atracar a pensionistas, habría que hacer lo contrario, pero me callé. Atracar bancos es delito. Vender preferentes, no.

Nuestras soluciones caminan en dirección contraria a las suyas: hay que vaciar sus bolsillos para garantizar la sostenibilidad de los pensionistas. Con cargo a todo eso de lo que se han apropiado impunemente en las últimas décadas, hay que elevar los salarios y las cotizaciones empresariales y dedicar el dinero dilapidado en rescatar bancos especuladores (pelotazo urbanístico) y fraudulentos (preferentes) a impulsar políticas activas de fomento del empleo. Tan solo con esto, es decir, aumentando salarios y cotizaciones y reduciendo fuertemente el paro (se obtendrían así más ingresos en la Seguridad Social y menos gasto en prestaciones por desempleo), las cuentas de la Seguridad Social no solo serían saneadas, sino que habría dinero suficiente para mejorar substancialmente el importe y la calidad de las pensiones. Porque el objetivo no debería ser «¡virgencita, virgencita, que me dejen como estoy!», sino dar un auténtico revolcón progresista al régimen vigente.