La iniciativa ciudadana ``Yesa + no'' reiteró ayer su exigencia de que se paralice el proyecto de recrecimiento del pantano de Esa después de que hayan descubierto grietas de 100 metros de longitud y más de 2 metros de ancho en la ladera derecha. Les resulta «preocupante» que se localicen en la zona desmontada, «justo en el límite superior del deslizamiento que comenzó ahora hace un año y que aún no se ha detenido».

Acusan a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y al Gobierno navarro de ocultar la realidad, negando las anteriores grietas que detectaron a finales de junio. ``Yesa + no'' insiste en que siguen apareciendo nuevas fisuras de grandes dimensiones y se aprecian más deslizamientos, que les llevan a concluir que la ladera derecha de Esa «ni es estable ni lo será nunca. Se puede comportar de forma estable en periodos cortos de tiempo -apuntaron- pero siempre tiende a la inestabilidad».

Eso es lo que habría pasado con las nuevas grietas, situadas sobre las urbanizaciones Lasaitasuna y El Mirador, donde se produjeron desalojos en febrero. Lo mismo que se ha ido reproduciendo en el tiempo, a pesar de los trabajos de parcheo acometidos. Además, según denuncian, la CHE trata de que una parte de esos vecinos afectados regresen a sus viviendas, pero pasando la responsabilidad al Ayuntamiento de Esa.

Estrategia de la CHE

«Está muy claro que la única intención de la CHE es transmitir normalidad para poder retomar unas obras de recrecimiento que llevan años prácticamente paradas a causa de los problemas en las laderas y acabar a toda costa este proyecto al que podemos considerar ya de ilegal», manifestaron.

Acusan al Ejecutivo de Iruñea de haberse convertido «en marioneta de la CHE», al defender los consejeros Javier Morrás y Luis Zarraluqui tan solo sus tesis. Por contra, a pesar del requerimiento del Parlamento, no se ha encargado un nuevo informe técnico que analice lo que ocurre en las laderas de Esa.

Asimismo, insisten en su petición de que se desembalse agua, como lo han hecho los ayuntamientos de Zangoza, Oibar, Galipentzu y Gabarderal, además de la propia Cámara de Iruñea. Tampoco se olvidan de volver a exigir transparencia a las administraciones implicadas, dando a conocer toda la información.