Las Juntas Generales de Gipuzkoa, que celebraron ayer su último pleno antes de las vacaciones, debatieron la propuesta efectuada por el Gobierno foral de Bildu para hacer frente a las precarias condiciones de trabajo que padecen muchos trabajadores en las obras de construcción adjudicadas por las instituciones, una situación que se ve empeorada por la reforma laboral.

Uno de las principales aspectos que recoge la nueva norma se refiere a la responsabilidad que se atribuye a la empresa adjudicataria, que en adelante estará obligada a velar por la aplicación del convenio sectorial también a los trabajadores de las empresas subcontratadas.

La norma foral prevé la creación de una comisión técnica de evaluación para analizar si se da cumplimiento a las medidas recogidas en los convenios colectivos y, en caso de que no sea así, realizar una propuesta de penalización. Las infracciones podrán ser sancionadas con hasta un 10% del presupuesto del contrato.

La diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, resaltó que la propuesta foral es fruto de «meses de trabajo en común con diversos sectores sociales», haciendo frente incluso a la falta de competencias en este ámbito, motivo por el que calificó la norma de «innovación jurídica y social».

Según recordó Ugarte, en la adjudicación de las obras del puerto de Deskarga ya se puso en marcha esta iniciativa, que permite iniciar un procedimiento sancionador a las empresas que lo incumplen «sin esperar al dictamen de la Inspección de Trabajo».

La diputada quiso agradecer expresamente la colaboración prestada por los sindicatos CCOO, UGT, LAB y ELA, así como por la patronal Ascongui, y mostró su esperanza de que el resto de territorios vascos debatan y aprueben normativas similares.

La propuesta contó con el respaldo de Bildu, Aralar y PSE, mientras PNV y PP se abstuvieron. El procurador jelkide Joseba Antxustegi, aunque dijo coincidir «con el fondo» de la norma, justificó la abstención por sus dudas en cuanto al «encaje jurídico» de la propuesta foral y reiteró una y otra vez que «la Diputación no tiene competencias», lo que podría «truncar las expectativas creadas». Antxustegi se opuso también a que los sindicatos hayan sido invitados a participar en las sesiones de trabajo.

En representación de EH Bildu, Idoia Ormazabal subrayó que las instituciones públicas están obligadas a «garantizar unas condiciones de trabajo dignas en las obras que contraten» y reprochó al PNV que «solo quiere que participe la patronal». Ormazabal quiso dedicar el acuerdo de ayer a Jabi Amorrortu, miembro de LAB recientemente fallecido que intervino en la elaboración del proyecto.

Maite Sarasua (Aralar) se congratuló de que la norma «viene a tapar un agujero porque se van a aplicar cláusulas sociales en las obras públicas de manera sistemática y no quedará en manos del gobierno de turno», mientras Mikel Arrizabalaga (PSE) agradecía la labor de los sindicatos porque «nos han ayudado a abrir los ojos para ver unas condiciones de trabajo que estaban ocultas».

El PP, que inicialmente apoyaba la norma, cambió de opinión y decidió abstenerse, argumentando que la explicación de los miembros del Gobierno foral era «muy distinta a lo que ha sido la negociación» y acusó a Bildu de «utilizar esta propuesta como ariete con otros fines», según declaró Iñigo Manrique.

Frente común contra el fraude

El segundo Proyecto de Norma Foral aprobado ayer por las Juntas de Gipuzkoa, en este caso con la única abstención del PP, fue el relativo a las medidas de lucha contra el fraude fiscal, de asistencia mutua para el cobro de créditos y otras modificaciones tributarias.

En virtud a la nueva Norma, los contribuyentes de Gipuzkoa tendrán que informar a Hacienda de sus bienes o derechos fuera del Estado español, al tiempo que se plantean medidas para cobrar deudas tributarias en el caso de empresas disueltas, ampliando la responsabilidad de los sucesores.

Por otro lado, se establecen una serie de controles y garantías nuevas en el IRPF e Impuesto de Sociedades con vistas a limitar los gastos deducibles de empresas y autónomos, para evitar que se incluyan cuestiones particulares como gastos de las compañías.

Además, se limita la indemnización exenta por despido de trabajadores a 180.000 euros en virtud a una enmienda transaccionada entre Bildu y PSE, ya que inicialmente el Gobierno foral planteaba un límite de 60.000 euros, y se regula la exención para los créditos hipotecarios, en cuyo caso se extiende la prevista en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuando el destino del importe sea la adquisición de una vivienda habitual en Gipuzkoa.

La diputada de Hacienda, Helena Franco, explicó que la lucha contra el fraude «no es solo un eslogan», sino que debe responder a un «compromiso» y que, en esta ocasión, responde a la voluntad del Ejecutivo foral de «ir en el camino hacia un sistema fiscal más justo y controlar los resquicios que dejaban paso a la evasión fiscal».

Resaltó también el amplio respaldo cosechado por su propuesta entre los grupos junteros, así como la intervención en su elaboración de colectivos como Stop Desahucios.

El PNV explicó su voto favorable señalando que «se trata de medidas similares a las de otros territorios», aunque mostró su desacuerdo por que la propuesta haya sido tramitada por la vía de urgencia «sin esperar al final de la negociación que hay abierta en estos momentos en el ámbito de la CAV».

Tanto el PNV como el PP y el PSE mostraron su satisfacción por el aumento del límite de la exención por indemnización por despido, mientras EH Bildu destacaba el avance que supone «para las personas que se encuentran sin poder hacer frente a sus créditos y deudas», uno de los motivos que «justifica la tramitación de urgencia».

Petición contra los desahucios

Otro de los puntos aprobados ayer por el pleno de las Juntas fue el referido a la petición al Gobierno de Gasteiz para que apruebe con carácter de urgencia un proyecto de ley sobre expropiación temporal de viviendas objeto de desahucios, como ya hizo en su momento la Junta de Andalucía.

La propuesta, que rechazaron PNV y PP, insta también a Kutxabank a «detener todas las ejecuciones hipotecarias en marcha» y a eliminar las cláusulas que puedan resultar abusivas, entre otras iniciativas.