El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, rechazó ayer los argumentos presentados por el ministro español de Industria, José Manuel Soria, que acudió a Bruselas junto a los presidentes de los ejecutivos de Lakua, Asturias y Galicia, los secretarios generales de UGT y CCOO y representantes de la patronal.

La nutrida delegación no consiguió convencer al comisario europeo y, tal y como avanzara el pasado mes de junio, Almunia insistió en pedir la devolución de las ayudas de hasta 3.000 millones concedidas a los astilleros entre 2005 y 2011 mediante las bonificaciones fiscales conocidas como «tax lease». En el caso de los astilleros vascos, esta cantidad ascendería a 1.000 millones y su devolución supondría el cierre de las cinco empresas vascas, que dan empleo directo a cerca de 4.000 trabajadores.

El comisario, quien rechazó referirse al monto total de las ayudas a devolver, aceptó únicamente eximir de la obligación de reembolsar estas subvenciones tanto a los astilleros como a los armadores que compraron los buques, pero no a los inversores y a las entidades que financiaron su construcción, aunque la patronal ya calificó esta propuesta de «falacia», ya que en los contratos con armadores e inversores se incluyen cláusulas que hacen que cualquier cambio o riesgo regulatorio se traslade a los astilleros.

«Con argumentos jurídicos hemos visto que se puede excluir de la responsabilidad de devolver las ayudas a los armadores, es decir, a los compradores de los buques. Ya habíamos anunciado que los astilleros no tienen ninguna responsabilidad a la hora de la devolución de ayudas. Por lo tanto, queda la devolución de los inversores», reiteró Almunia.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario, que acudirá hoy a las 11.30 a los cursos de verano de Donostia, desestimó los argumentos presentados por el ministro Soria, que alegaba que la Comisión Europea no adoptó ninguna medida desde el año 2002, cuando se puso en marcha el «tax lease» español hasta 2011. Recordó incluso que en 2009, la entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, escribió en una carta al Gobierno noruego en la que sostenía que «el sistema de ayudas al sector naval español es plenamente compatible con las normas de la competencia en Europa».

Almunia le replicó que, desde que en 2005 Bruselas abrió una investigación al sistema francés de ayudas a los astilleros, que era «muy parecido al español», ya se crea un precedente que obliga a devolver las ayudas, por lo que el Estado español debería haber «tomado nota».

«Otros argumentos, algunos de los cuales han sido expuestos o reiterados por los representantes del ministerio, de las comunidades autónomas o de los sindicatos, no se pueden tener en cuenta porque no es posible encajarlos en la jurisprudencia que rige la disciplina de las ayudas de Estado», afirmó Almunia.

Soria no consideró suficiente esta respuesta y recalcó que lo que pide es que no se exija al Estado español «devolver las ayudas desde el 2005 a 2011, sino solo desde el 2011 hasta la actualidad», ya que de lo contrario el daño sería «irreversible e irreparable», no solo para los astilleros españoles, sino también para los de toda Europa. «Al final, lo que hemos conseguido es que la actividad industrial en Europa deje de hacerse en Europa y se relocalice en otros mercados, fundamentalmente en Corea y en China. Europa no gana absolutamente nada», dijo.

Urkullu y Amaiur

Tras la respuesta de Almunia, el lehendakari Iñigo Urkullu y el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, pidieron la intervención directa del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, para que se ponga en contacto con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, e intentar frenar así la decisión final que el Colegio de Comisarios deberá adoptar el próximo miércoles día 17.

El lehendakari no ocultó su «preocupación» porque «no ha habido una respuesta definitiva y satisfactoria a los planteamientos que hemos esbozado». En todo caso, añadió que «aún hay tiempo» para que la CE introduzca cambios en su posición, por lo que «hay que aprovechar al máximo los días que quedan hasta el 17 de julio tanto con Almunia como con los demás comisarios europeos».

Urkullu afirmó que además existe un argumento de peso que es la inacción de la propia CE desde que por primera vez se manifestó preocupación por la legalidad de estas ayudas. «No entenderíamos una sanción que se retrotraiga a 2005, sino que pensamos que en todo caso tiene que tener en cuenta la fecha de incoacción del expediente».

El diputado de Amaiur Jon Inarritu, por su parte, acusó a Almunia de «plegarse a los intereses de los lobbies» y denunció que «se están primando determinados intereses sobre el de los trabajadores» Tras recordar el caso del Estado francés, en el que los astilleros no devolvieron las ayudas, pidió la comparecencia urgente del ministro.