El convenio suscrito hace ocho años entre el Ayuntamiento de Bilbo, Iberdrola y Bilbao Ría 2000 ha resultado ser un negocio ruinoso para las arcas del consistorio, que adeuda más de veinte millones de euros por este motivo y que está a punto de abonar 12,58 millones, lo que constituye un sobreprecio del 35% respecto a lo pactado. La defensa que el gobierno municipal está haciendo de un acuerdo favorable a los intereses de la multinacional eléctrica le está saliendo muy cara a los vecinos de la villa, y pone en entredicho la capacidad gestora del equipo de Iñaki Azkuna y la de su propio partido.

No es, sin embargo, el único caso. Al otro lado de la autopista, el cambio de gobierno en la Diputación guipuzcoana ha permitido sacar a la luz varios ejemplos de pésima gestión en organismos y entidades públicas. Esta semana se ha conocido que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no ha podido contrastar el valor de los terrenos que Etorlur hizo figurar en su balance de 2011, confirmando que esta sociedad, en la que también se han detectado otras irregularidades y que acumula pérdidas millonarias, se ha convertido en un agujero en las cuentas del herrialde. Bidegi, por su parte, cerró ese mismo ejercicio al límite del endeudamiento autorizado, con más de 800 millones, y en este caso hay que sumar a la factura la doblez mostrada por el PNV en sus críticas al sistema de peajes, cuyo fin es en gran medida remediar esta carga. La quiebra del BEC, el fracaso de la Supersur, el crédito de la incineradora, son otros hitos en el sobrevalorado know-how jeltzale.

Lo ejemplos de mala gestión se acumulan en el balance de la formación que lidera Andoni Ortuzar, aunque quizá hagan más comprensible la inacción del Ejecutivo autonómico en un ámbito, el económico, que fue presentado como prioridad absoluta. Hasta ahora se ha limitado a aplicar los recortes y reformas impuestos desde Madrid. A fin de cuentas, quizá el «modelo PNV» no esté tan alejado de la «marca España».