Las agrupaciones contrarias a la incineradora de Zubieta se preguntaron ayer dónde estaba el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, el mismo que el pasado jueves anunció la apertura de una investigación para analizar la paralización de la polémica planta, cuando los anteriores responsables del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) adjudicaron un proyecto «ilegal» de 400 millones de euros. «¿Donde estaba cuando contrataron los `swap'?, ¿y cuando se fueron a cenar angulas con dinero público? El fiscal llega tarde a defender los intereses de los guipuzcoanos», lamentaron.

En una rueda de prensa ofrecida en el lugar en el que se pretende erigir la infraestructura, representantes de la coordinadora contra la incineradora, de Eguzki, de Gipuzkoa Zero Zabor y de los vecinos afectados por la construcción destacaron que las autoridades del herrialde podrán contar con ellos para dar una «respuesta de raíz» el problema generado por la gestión de residuos. Al fin y al cabo, como ellos explicaron, «si se gestionan bien los residuos, si se toman las medidas oportunas para reducir el número de residuos y fomentar el reciclaje, la planta incineradora supone el mismo sinsentido que un aeropuerto sin aviones o una tren de alta velocidad sin conexiones».

Ahora, después de que los actuales responsables de GHK hayan decidido paralizar la construcción de la incineradora al entender que el proyecto no cumple la normativa medioambiental exigida en su día por la Viceconsejería de Medio Ambiente de Lakua, los convocantes esperan conseguir dos objetivos: lograr la paralización definitiva de la polémica infraestructura y crear un herrialde libre de basuras.

La lucha y sus frutos

Cabe recordar que el camino recorrido hasta la situación actual no ha sido fácil, ya que la lucha contra la incineradora comenzó hace once años. «Pero gracias a esta larga lucha ha sido posible conocer las mentiras sobre la incineración y poner en marcha otros sistemas de gestión de residuos», subrayaron.