Lakua también recurrirá la Ley de Costas ante un TC de cuya imparcialidad duda
El Gobierno de Lakua ha decidido recurrir también la Ley de Costas ante un Tribunal Constitucional cuya imparcialidad está en duda, tanto por haberse conocido que su presidente militó en el PP, como -según dice Josu Erkoreka- por el sistema de elección de sus componentes.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El Consejo de Gobierno decidió ayer iniciar los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional español la reforma de la Ley de Costas realizada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, por entender que vulnera las competencias autonómicas en materia de régimen local, en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, así como la competencia en materia de medio ambiente y ecología.
El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, informó de que como paso previo a la interposición del recurso, el Gobierno de Lakua propondrá al español dirimir estas discrepancias en una comisión bilateral, tal y como establece la ley del TC.
La decisión de recurrir llega en un momento en el que acaba de conocerse públicamente que el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, ha sido afiliado del Partido Popular y pagó sus cuotas hasta 2011, cuando ya era magistrado del alto tribunal.
Erkoreka fue preguntado por esta situación y señaló que no es «ni de lejos, la situación perfecta» para garantizar la imparcialidad de los magistrados. El portavoz del Gobierno autonómico recordó que, aunque sin carné conocido, hay otros miembros del TC, como Enrique López, que siguen al dedillo las directrices del PP.
En opinión de Josu Erkoreka, el problema de fondo es el sistema de elección de los integrantes del TC, que se reparten entre PP y PSOE en función de una serie de cuotas y que después hace que ambos partidos crean tener ascendencia sobre sus elegidos.
Pese a todo ello, en los últimos años ha aumentado la litigiosidad del Gobierno de Lakua en el Tribunal Constitucional. En la actualidad, según explicó Erkoreka, hay cinco recursos vivos, tres a iniciativa del Ejecutivo autonómico y dos iniciados desde Madrid. Sobre otros cinco se ha llegado a acuerdos en la Comisión Bilateral, donde se están debatiendo otras dos cuestiones.
«Árbitro comprado»
El Gobierno de Lakua dejó de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional a primeros de los años noventa, con José Antonio Ardanza como lehendakari y Juan Ramón Guevara, como consejero de Justicia y Administración autonómica. Tras una serie de sentencias siempre favorables a Madrid, lo denunció como un «árbitro comprado».
Estas dos décadas de ausencia de relaciones la rompió el Ejecutivo de Patxi López y después le ha seguido el presidido por Iñigo Urkullu.
La Junta de Andalucía decidió también ayer recurrir ante el TC la Ley de Costas, mientras que la Generalitat catalana y el Parlament han pedido informes jurídicos para recusar al su presidente.
