La autorización de vertido al cauce del Ebro de la que disponía Nuclenor -la empresa propietaria de la central de Garoña- caducó en octubre pasado tras cinco años de vigencia. La solicitud para la renovación de este permiso ha seguido el cauce habitual pese a que, desde hace ya más de un mes, la planta se encuentra en fase de «cierre definitivo».

No obstante, tanto el Gobierno español como Nuclenor -participada al 50% por Iberdrola y Endesa- intentan mantener abierta la puerta para la posible reactivación de la producción de electricidad en base a la fisión de material nuclear. Y lo hacen pese a ser conscientes de que una «nueva» licencia de explotación obligaría a la empresa a acometer importantes inversiones para cumplir los protocolos post Fukushima establecidos en el ámbito internacional y a los que se ha adherido la Unión Europea.

Otra condición nueva que debería cumplir Garoña es la que le acaba de imponer el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Según recogió Europa Press, la nueva autorización de vertido, datada el pasado 29 de julio y elaborada para el periodo 2013-2018, «contempla la no superación de una temperatura de 30 grados centígrados en el agua vertida y un límite al incremento de temperatura del agua tras la zona de dispersión de 3 grados centígrados».

Estas medidas se incluirán en el nuevo marco que supondrá la entrada en vigor del Plan Hidrológico del Ebro, que implica la necesidad de considerar, en las condiciones de una hipotética futura operación de la central, que se producirá una reducción progresiva de las aportaciones del río.

Temperaturas anormales

Prácticamente todas las centrales nucleares se instalan junto a un cauce fluvial, un lago o una costa marítima para aprovechar el agua como sistema de refrigeración. En el caso de Garoña, después de calentarse, ese agua es devuelta al Ebro. Oficialmente, hasta ahora se mantenía que el calentamiento del Ebro en la zona del pantano de Sobrón se adecuaba a las previsiones.

Sin embargo, en los últimos años Greenpeace venía realizando medidas en distintos puntos del cauce que constataban aumentos de temperaturas anormales, de hasta diez grados. Por ello, denunció los hechos y la Fiscalía de Medio Ambiente llegó a abrir una investigación.

En abril de 2011, Greenpeace reclamó al Gobierno español que paralizara el funcionamiento de Garoña hasta que Nuclenor construyera una torre de refrigeración que evitara ese calentamiento del río. Pero la central sigue sin contar con una instalación de ese tipo.

Precisamente, la nueva autorización de vertido señala que «es necesario considerar sistemas alternativos de refrigeración o la reducción de potencia», aclarando que lograr esos objetivos «no presupone ninguna línea de actuación impuesta por el Ministerio», por lo que la empresa concesionaria, en este caso Nuclenor, «tiene plena libertad para plantear las mejoras técnicas que permitan su consecución».