El Gobierno de Iñigo Urkullu considera que el informe sobre vulneraciones de derechos humanos que presentó en junio -que atribuye 94 muertes a abusos policiales cometidos entre 1960 y 2013 - responde al objetivo de servir de base para la «definición de posteriores actuaciones», por lo que no descarta la elaboración de nuevos estudios sobre este tema.

El lehendakari ha respondido de esta forma, en una contestación por escrito recogida por Europa Press, a una solicitud de información de UPyD sobre el «Informe-base de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Caso Vasco». En su escrito, Urkullu destaca que éste es un trabajo elaborado a partir de «datos ya existentes y fiables».

Este trabajo cifra en 1.004 las personas muertas por vulneraciones de derechos humanos relacionadas con el conflicto político, de las que 94 corresponderían a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), 837 a ETA y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha, según los datos difundidos por Europa Press.

La respuesta no ha gustado al parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, quien, en declaraciones a la agencia Efe, calificó de «vergonzoso« que Lakua no haya detallado los nombres de las personas que sufrieron vulneraciones de derechos humanos entre 1960 y 2013 como pidió esta formación, y manifestó que el informe presentado parece que «sólo pretende falsear la historia».