El nuevo índice para calcular las pensiones, que se desligará del IPC para tomar en cuenta otras variables, no garantizará que se mantenga el poder adquisitivo de los jubilados. Esta es una de las conclusiones de la reunión mantenida ayer en Madrid entre la ministra española de Empleo, Fátima Báñez, la patronal y CCOO y UGT.

La propuesta, presentada ayer a los diferentes agentes sociales, relaja algunos de los planteamientos recogidos en el informe del grupo de expertos pero sí que se basa en las dos líneas de trabajo marcadas por este comité. Por una parte, la nueva fórmula que la cuantía anual de las pensiones, que podría imponerse a partir del próximo año. Por otra, el denominado, «factor de sostenibilidad», una variable que se implementará en 2019 y que vinculará la cuantía con la esperanza de vida.

Por el momento, Empleo ni siquiera ha presentado un documento que recoja la letra pequeña de su oferta, por lo que seguirán las negociaciones. Los representantes sindicales presentes en el encuentro vaticinaron un diálogo «difícil», mientras que los empresarios recu- rrieron a la cautela y aseguraron que no harán valoraciones hasta no conocer la «concrección» del texto. No obstan- te, el calendario del Ejecutivo ya ha fijado la fecha para la tramitación de la reforma para el 31 de diciembre de este año.

«Las pensiones no van a bajar nunca y tampoco se van a congelar», afirmó Báñez. No obstante, sí que se introducirá una nueva fórmula de cálculo. En lugar de la inflación, como se hacía hasta ahora, esta tomará en cuenta variables como el déficit o el superávit estructural, así como los ingresos y gastos y la denominada «tasa de sustitución», que es la diferencia entre el número de personas que accede al sistema de pensiones y aquellas que fallecen.

Además, el Gobierno español prevé imponer un incremento mínimo del 0,25% (para los años con peores perspectivas económicas) y un tope máximo del IPC más un 0,25% para los tiempos de bonanza. Un nuevo cómputo que no garantiza que los pensionistas mantengan su capacidad adquisitiva, ya que un incremento de la inflación mayor que la subida anunal tendrá como consecuencia que los pensionistas dispongan de menos recursos.

Cumple el mandato de Europa

El «factor de sostenibilidad» es la otra variable que impulsa la reforma. Se trata de adecuar las pensiones a la esperanza de vida. Esta fórmula ya venía recogida en la modificación de 2011, aunque preveía su implementación en 2027.

Ahora, tras las presiones de Europa y las recomendaciones del grupo de expertos, Madrid fija la fecha de su puesta en marcha en 2019. «Se trata de garantizar que, a contribuciones iguales, habrá prestaciones similares», argumentó Báñez, que eludió responder a la pregunta sobre si un incremento en los años como pensionista manteniendo las mismas prestaciones no supondría de facto un descenso en las cuantías. Según explicó la ministra, esta medida no se aplicará sobre quienes ya cobren la pensión, sino solo sobre los futuros jubilados.

«Entendemos que hay una pérdida de poder adquisitivo y que habrá bajada de las pensiones», alertó Carmen López, secretaria de Política Social de UGT. En la misma línea, Carlos Bravo, de CCOO, afirmó que la reforma de 2011 «ya garantiza» el mantenimiento de las pensiones. Ambas centrales mantuvieron su disposición al diálogo, pero alertaron sobre el intento del Gobierno del PP de utilizar las jubilaciones para compensar el déficit del Estado mediante nuevos recortes.