DIADA 2013, NUEVO SALTO EN EL PROCESO CATALÁN
El Gobierno español trata de minimizar la agresión ultra a la Generalitat en Madrid
Mientras el Gobierno español por boca del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, trató ayer de minimizar el ataque ultra a la librería Blanquerna de Madrid, sede de la Generalitat en la capital, desde distintas esferas se reclamó acabar con la impunidad de la ultraderecha.
GARA | MADRID
En plena cascada de reacciones tras la agresión ultra contra el acto organizado por la Generalitat en Madrid para conmemorar la Diada, el número dos de Interior, Francisco Martínez, subrayó ayer que el ataque era un hecho «aislado» y «vandálico» que ha tenido una respuesta «récord» y eficaz por parte de la Policía. Se refería el secretario de Estado de Seguridad a la detención de doce personas –seis de ellas se presentaron a la tarde en sendas dependencias policiales– por esos hechos violentos.
En declaraciones en Cádiz, Martínez apuntó a que la Policía detuvo a los primeros seis supuestos autores del ataque «en cuestión de horas», en un tiempo «difícilmente superable», lo que en su opinión muestra que la Policía española ha dado una respuesta «necesaria» y «eficacísima» a esta grave agresión.
El responsable gubernamental subrayó que el ataque a la sede del Govern en Madrid fue un hecho «lamentable», «vandálico» y «que merece toda la censura», insistiendo en que se había tratado de un «hecho aislado». Cierto o no, fueron varias las voces que acusaron de «dejadez» al Ministerio del Interior por no prever que podrían producirse altercados y distintos grupos parlamentarios anunciaron que solicitarán la comparecencia del ministro Fernández Díaz para dar explicaciones en el Congreso.
La portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Soraya Rodríguez, y el líder de IU, Cayo Lara, reclamaron que ningún partido minimice este tipo de comportamientos «extremadamente graves». No faltaron quienes instaron a que se inicie un proceso de ilegalización contra siglas ultraderechistas como Alianza Nacional, algunos de cuyos componentes, según se dijo ayer, estuvieron en Blanquerna.
Lara reclamó al Ejecutivo Rajoy que no mire para «otro lado» ante un ataque «fascista y nazi» que es «absolutamente repudiable». «No son chiquilladas, y están pasando cosas que si no se cortan a tiempo pueden terminar en acontecimientos graves que todos tengamos que lamentar», advirtió.
El portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien tuvo que ser atendido en un hospital tras ser agredido, demandó medidas para evitar más actos violentos de «catalanofobia»
Detenciones y entregas
La Policía española detuvo ayer a doce personas por ese ataque, aunque seis de ellas lo fueron después de que se personaran en comisarías al ser conscientes de que iban a ser arrestados. A todos, con edades comprendidas entre los 23 y los 56 años, se les acusa de delitos de daños, amenazas, coacciones contra los derechos fundamentales y desórdenes públicos.
Fuentes policiales apuntaron a que los arrestados, todos ellos supuestamente relacionados con partidos o movimientos de ideología ultraderechista, iban a pasar a disposición del juez de Madrid ayer a la noche.
En Blanquerna, según la Policía, se arrojó lo que al parecer es gas vesicante, conocido comúnmente como gas pimienta. Los servicios médicos atendieron por esa causa a una mujer y a una niña de cinco años de irritación en los ojos por efecto del gas, además de a otras dos personas por contusiones.
La UE elude valorar y espera
La Comisión Europea evitó ayer valorar el seguimiento que tuvo la Vía Catalana a favor de la independencia durante la celebración de la Diada, porque considera que se trata de un tema «puramente nacional». Bruselas elude pronunciarse así sobre una movilización social histórica en Catalunya, con un amplio seguimiento mediático en Europa y en otros continentes.
«No le corresponde a la Comisión Europea hacer comentarios sobre este evento específico, que tuvo lugar en un Estado miembro. Es un evento puramente nacional y no tenemos nada que decir», zanjó en una rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde. La movilización a favor de la independencia de Catalunya contó con un seguimiento de cerca de 1,6 millones de personas, según datos estimados de la Conselleria de Interior, que formaron una cadena humana de unos 400 kilómetros para exigir a los políticos la convocatoria de una consulta en 2014.
La portavoz tampoco quiso abordar, pese a las preguntas de la prensa, cuál sería el marco legal en la UE frente a un escenario como el que plantean los independentistas en Catalunya. La reacción de las autoridades comunitarias no es nueva, aunque sorprende por la entidad de la movilización ciudadana.
