Iñigo Urkullu dijo ayer en el pleno de control del Parlamento de Gasteiz que «nadie va a imponer nada» en relación al nuevo estatus político que prometió para 2015. ¿Nadie? ¿Realmente cree Urkullu que el Estado español está dispuesto a jugar en un esquema de respeto y reconocimiento mutuo? ¿Cree en la existencia de la madurez y la voluntad democrática suficiente en el Estado español para respetar a Euskal Herria como nación con derecho a decidir libremente su futuro? O, quizá, ¿se refiere a que la parte vasca no va a «imponer» nada que incomode a Madrid, que cuestione la relación de subordinación y dependencia que sufre este país? Urkullu delira si cree en un esquema de bilateralidad con el Estado, sereno y de sentido común, que abra las puertas a la soberanía. Ni ha existido, ni existe y es altamente improbable que exista en el futuro. Mejor haría en mirar a los ojos a esta realidad y obrar en consecuencia.

En plena ofensiva recentralizadora, con una agenda de reconquista y restitución que intenta imponer, Madrid trata de impedir una vía vasca a la soberanía enraizada en la sociedad, en la que converjan las diferentes fuerzas soberanistas. Y hoy por hoy, para ello, cuenta con el PNV.