En su artículo, Capote narra el proceso contra la abogada estadounidense Lynne Stewart, víctima de las extremas medidas adoptadas por la Administración estadounidense tras el 11S, como permitir al Gobierno monitorear los encuentros entre abogado y cliente. Tras ser sometida a un «linchamiento mediático», fue condenada a 28 meses de prisión, que tras ser recurrida por ella, no solo fue confirmada, sino aumentada a 10 años de prisión más dos años de probatoria, por «agravante terrorista». El autor ve en ese proceso un escarmiento a los abogados que defienden, por ejemplo, a quienes se oponen a la restricción de derechos civiles.

Por desgracia, faltan esas cámaras cuando se reúnen o se encuentran responsables políticos y de la empresa