El próximo 8 de octubre Lynne Stewart cumplirá 74 años de edad en el «Federal Medical Center» de la prisión de Carswell, cerca de Fort Worth, Texas. Durante más de tres décadas, Lynne consagró su vida a defender como abogada a negros, indios, blancos pobres, inmigrantes indocumentados y a todos los que, culpables o no, nadie quería defender, es decir, a todos los humildes y oprimidos.

El «delito» de Lynne fue defender con demasiada profesionalidad y agudeza a su cliente, el clérigo egipcio Omar Abdel Rahman (the blind sheikh), ciego y enfermo, acusado en octubre de 1995 de conspiración para la sedición» (1) y condenado a prisión perpetua en 1996. Lynne había asumido la representación en la defensa de Rahman a instancias de Ramsey Clark, Procurador General bajo la administración de Lyndon Johnson, debido a que otros abogados habían rehusado alegando conflictos de intereses (2).

Durante el juicio, Lynne argumentó que Rahman había sido incriminado a causa de sus enseñanzas políticas y religiosas y no, como alegaba el fiscal, por conspirar en acto violento de tipo alguno contra Estados Unidos. Lynne lloró cuando el jurado anunció su decisión de culpabilidad pero comenzó a trabajar de inmediato en el arduo proceso de apelaciones.

Con la histeria desatada después del once de septiembre de 2001, la administración de George W. Bush extremó las condiciones impuestas burocráticamente a los contactos entre el abogado y su cliente, llamadas «Special Administratives Measures» (SAM), las cuales permiten al gobierno monitorear los encuentros sin respetar los privilegios constitucionales de la relación entre el defensor y su defendido. Una de las peores consecuencias de estas medidas es que, atemorizados, son pocos los abogados que se atreven a asumir la defensa, en estas condiciones, de los casos más sensibles o controvertidos.

Los contactos entre Lynne y Rahman fueron grabados mediante cámaras escondidas y estas grabaciones sirvieron como base para incriminarla en una supuesta conspiración. Posteriormente, en una movida insólita, el Procurador General John Ashcroft compareció en el programa de televisión de David Letterman para acusar públicamente a Lynne Stewart, ante millones de televidentes, de «conspirar para proporcionar ayuda material a terroristas» sin que nadie la pudiese defender, lo cual es, cuando menos, una muy seria violación de la ética legal. Lynne fue víctima así de un linchamiento mediático que la condenaba de antemano. El 10 de febrero de 2005 Lynne fue declarada culpable. El 17 de octubre de 2006 fue sentenciada a 28 meses de prisión.

Antes de su encarcelamiento Lynne había sido operada de un cáncer de mama pero se había detectado una recidiva y era necesaria una nueva operación. Esta tuvo que ser pospuesta 18 meses, tiempo más que suficiente para que las células malignas causasen estragos en su organismo. En el hospital de la cárcel, Lynne fue encadenada a la cama por muñecas, tobillos y cintura, una práctica estándar en las cárceles norteamericanas, brutal castigo medioeval, cruel e innecesario, que viola los derechos humanos y dificulta el tratamiento médico.

Lynne recurrió ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan la injusta condena de 28 meses. El territorio de este circuito comprende los estados de New York, Connecticut y Vermont. Es un circuito élite, la corte más importante después de la Corte Suprema, que tiene dentro de su jurisdicción a Wall Street y a numerosas corporaciones de enorme poder económico. Uno de los jueces (John Walker) es primo hermano del expresidente George W. Bush. No obstante, la corte no tuvo en cuenta este conflicto de intereses.

El 17 de noviembre de 2009, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones no sólo mantuvo la sentencia anterior sino que aplicó a Lynne el engendro jurídico de terrorist enhancement (agravante terrorista) y ordenó al juez de distrito John Koeltl que aumentase la pena. El 15 de Julio de 2010 Lynne recibió la nueva bárbara sentencia: 10 años de prisión más 2 años de probatoria, dictada por el mismo juez que antes había considerado justa la de 28 meses. Esta increíble condena, que cuadruplicaba la anterior, fue impuesta a una mujer que durante más de treinta años había realizado su trabajo legal ética, honorable y valientemente. El abogado defensor de Lynne, Jill Shellow Levine, no podía entender el por qué de una sentencia tan dura.

Se trataba, por supuesto, del odio visceral de una ultraderecha que deseaba dar un escarmiento a los abogados que se atrevían a defender a militantes de movimientos progresistas y, sobre todo, a dirigentes de organizaciones opuestas a la guerra y a la restricción de los derechos civiles en nombre de la seguridad nacional. Lynne Stewart es arquetipo de prisionera de conciencia. Condenar a diez años de prisión a una mujer enferma de cáncer y con edad cercana entonces a los 70 años, equivalía a una condena a prisión perpetua, a una ejecución extrajudicial. Ralph, el esposo de Lynne, es también un abogado defensor de causas nobles. «Lynne -afirma- dedicó su vida a los oprimidos. Está presa por ofrecer a sus clientes una defensa sin miedo».

Lynne está actualmente muy enferma. El cáncer ha producido metástasis y está en fase terminal. Le niegan el tratamiento adecuado. Le negaron también la liberación por razones humanitarias a pesar de las peticiones firmadas por decenas de miles de personas y de la intercesión de muchas personalidades importantes, políticas y religiosas, nacionales y extranjeras. La ultraderecha no sólo priva al movimiento progresista de Estados Unidos de uno de sus más valientes y consagrados defensores sino que lo hace de la forma más cruel y despiadada.

Recientemente, Lynne Stewart, después de agradecer la solidaridad con su causa y el apoyo de su familia, declaró: «Soy afortunada porque tuve una vida dichosa. [...] Disfruté de buenos amigos, me gustó cocinar, me fascinaban la poesía y el teatro, pero toda esta fortuna sólo representó una cosa para mí, que tenía que luchar para lograr que todos pudiesen tener una vida como la mía. Esta convicción es la que siempre me ha sostenido».

(1) En el sistema de justicia de Estados Unidos, cuando no se tienen pruebas de que un acusado haya cometido un delito, se le acusa de «conspiración» para cometer ese delito, figura jurídica ambigua y manipulable. Se utilizó, por ejemplo, contra los cinco héroes cubanos. Como no había pruebas de su supuesto «espionaje» se les condenó por «conspiración para cometer espionaje».

(2) George Packer: «Left Behind», «The New York Times», Sept. 22, 2002.

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