Venimos asistiendo durante las últimas décadas a lo que podemos denominar un «genocidio prenatal», a un proceso de selección de la especie según criterios clasistas y, por tanto, patriarcales. El incremento de la explotación laboral, la precarización generalizada y las políticas antinatalistas selectivas del Gobierno se están cebando descarnadamente en las mujeres, sobre todo en las obreras precarizadas y excluidas del mercado laboral. Esto ha provocado en los últimos 20 años un «aborto social» sin precedentes, es decir, un descenso en las tasas de reproducción hasta niveles jamás vistos en la historia que duplica o triplica las cifras oficiales de interrupciones del embarazo.

Si Euskal Herria o Asturies fueran independientes, serían los países con las tasas de reproducción más bajas del mundo, solo repuntadas, los últimos años, por el incremento de la población inmigrante, que ha inyectado sabia infantil a nuestras envejecidas sociedades. Y esta caída de la natalidad ha sido directamente inducida por las clases dominantes, los partidos de derechas que las representan y las empresas mediáticas que difunden sus modelos culturales, económicos y reproductivos.

En el modelo hegemónico, la mujer solo tiene la posibilidad real de elegir su descendencia si tiene las condiciones necesarias para poder procrear o abortar, es decir, si puede pagárselo. La ley afecta no solo a lo más importante, al derecho de toda mujer a decidir qué hace con su cuerpo, sino que además criminaliza la feminización de la pobreza y la exclusión, pues afecta de un modo generalizado y especial a las mujeres de clases precarizadas.

No podemos olvidar que si la reforma se aplica y se cambia la ley de aborto de plazos a una ley de supuestos, el aborto se convertirá directamente en delito, excepto en casos muy concretos. En ese caso, España se situaría entre los estados europeos con leyes de aborto más restrictivas. Esto condenaría de nuevo a muchas mujeres a abortar fuera o en la clandestinidad. La nueva ley sacraliza e institucionaliza el terrorismo de estado contra las mujeres. La aplicación de leyes que restringen la práctica del aborto ha provocado en la historia un auténtico feminicidio, puesto que su consecuencia, más que la reducción del número de abortos, es la realización de los mismos en condiciones de clandestinidad e inseguridad que provocan más mortalidad materna.

¿Alguna otra consecuencia positiva para alguien? Solamente una para el actual Gobierno español: se apuntaría un nuevo tanto en su proceso de fascistización. Retroceder a la ley de hace 20 años, la de 1985, para ir involucionando hacia una sociedad patriarcal que secuestra el cuerpo de la mujer considerándolo una fábrica de parir. Esta es una ley que su puede parar mediante la movilización. Y, en cualquier caso, este Gobierno sabe que cuando se imponen por la fuerza leyes retrógradas, machistas e injustas como esta, la desobediencia, la autoorganización de las mujeres, la no colaboración y objeción de conciencia de profesionales de la salud y la deslegitimación social serán los gestos contundentes y generalizados con los que tendrán que enfrentarse.